Incluso en los tiempos que corren, resulta desconcertante el desparpajo con el que un tipo -me resisto a llamarle empresario- puede llegar a admitir ante las cámaras (qué digo admitir, más bien proclamar con orgullo) la condición ilegal de la actividad que desempeña que, entre otras cosas, carece de la preceptiva licencia municipal. El individuo es el titular de una agencia que ofrece «otra forma de vivir con comodidad y inteligencia» (sic). Dicha forma de vida consiste en pisos en los que decenas de personas se hacinan dentro de pequeños compartimentos apilados unos sobre otros, de tamaño no mucho mayor que el de un ataúd; carecen de cocina y los servicios son compartidos. No es mucha mejoría con respecto a los corralones de hace 100 años.

Después de ver el reportaje en el que dicho individuo se muestra en una de sus infraviviendas ante las cámaras a cara descubierta, pero cuidándose de ocultar la dirección en la que se localizan, acude a la mente el tan olímpicamente ignorado artículo 47 de la Constitución Española. Ya saben, «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». Aunque no soy jurista y solo puedo intuir las implicaciones de las palabras «vivienda digna y adecuada» en términos legales, sí puedo valorar las condiciones de salubridad y seguridad «que las normas pertinentes establecen para hacer efectivo este derecho» para ese lugar; y son para salir corriendo. La web de la empresa señala la sede, ¿Está la autoridad competente tocando su timbre ahora mismo?