Por vueltas que quieran darse, no hay democracia sin Estado de derecho, y éste no existe sin tribunales que sepan hacer su trabajo. En ese sentido, la labor del Tribunal que preside el magistrado Marchena debería ser encomiada por cualquier demócrata, con independencia de lo que al final diga la Sentencia y la opinión que merezca. En buena medida un sistema democrático es una estructura de procedimientos (hasta unas elecciones lo son), de reglas de juego, de formas de hacer las cosas, y no es fácil aplicar por el libro las del juicio en medio de todas las tensiones, juegos tácticos, trampas tendidas y ardides de guerra de un conflicto vivo. Aunque mucha gente no lo vea, y piense que lo que pase en el Tribunal Supremo no le concierne, allí está en juego la credibilidad del Estado, su capacidad para hacer que la ley se respete, o sea, que se respete la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.