08 de junio de 2019
08.06.2019
Málaga solidaria

El nuevo contrato social (y medioambiental)

08.06.2019 | 05:00

No, no se trata de reescribir el libro de Rousseau. Se trata de tomar la contratación pública (20% PIB nacional, aproximado), no solo como un instrumento de aprovisionamiento de bienes y/o servicios para las administraciones, también como un elemento de apoyo a la consecución de otras políticas públicas a través de las 'Clausulas Sociales'.

Me explico: ¿Podemos, por ejemplo, contratar un servicio de comedor escolar puntuando la contratación de personas desempleadas de larga duración, mujeres víctimas de violencias o la compra de materia prima a productores locales? ¿Es posible que la valoración de aspectos sociales o medioambientales sea tan determinante como el precio? De eso tratan las 'Clausulas Sociales' y, buena noticia, el desarrollo legal y normativo ya lo permite.

Han sido más de 20 años de trabajo para que la 'libre competencia' tenga la misma trascendencia en la contratación pública que la 'aportación social'. Se ha materializado, a nivel europeo y nacional, desde la Economía Social: cooperativas, empresas de Inserción, fundaciones y asociaciones y centros especiales de Empleo bajo el principio de que la economía tiene que ser un instrumento para mejorar la sociedad. Y, aunque la rentabilidad social sería suficiente argumento, también es un modelo eficaz y eficiente de conservación medioambiental o de inserción de personas en riesgo de exclusión, ya que sustituimos los subsidios de desempleo y rentas sociales por el empleo de las personas. Empleos que cotizan, tributan y permiten el consumo, pero sobre todo, que son emancipadores para las personas en situación de vulnerabilidad.

Se trata, por tanto, de «competir» también en aportación social, de pasar del término Responsabilidad Social Corporativa, que a veces es únicamente 'Decorativa', a Empresa Social. Aunque lo pueda parecer, 'Empresa' y 'Social' no son términos contradictorios, solo que hasta ahora no hemos logrado conectarlos plenamente.

También se ha trabajado durante años en fortalecer una red de empresas que actúen bajo este parámetro de la Economía Social. Como ejemplo se puede mencionar a las cooperativas, que valoran más el trabajo y las personas trabajadoras que el capital aportado, además de ser parte activa de las economías locales de muchos municipios. También las empresas de Inserción, que legalmente solo pueden ser promovidas por entidades sin ánimo de lucro y que, además de empresas, son un proyecto de inserción laboral para personas en exclusión o vulnerables. PRODIVERSA promueve una desde el año 2010, Acompania Servicios de Catering S.L.E.I., con una plantilla de 14 personas, 10 de ellas en situación de exclusión social.

La normativa europea y la nueva Ley de Contratación Pública ya lo hacen posible y existe un tejido de empresas sociales preparadas para desempeñar su rol dentro de la contratación pública, por lo que estamos obligados a desarrollarla. Los agentes que participamos en esta transformación creemos imprescindible que ayuntamientos y diputaciones sean ejemplo y las primeras que pongan en pleno funcionamiento las «Clausulas Sociales». Y es buena oportunidad hoy, a pocos días para que se constituyan, para pedir que así sea. Por el bien común.

*Espejo es director de PRODIVERSA-Progreso y Diversidad

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