Es ya un clásico en los debates, el poner fecha de caducidad al sistema público de seguridad social y más en concreto el de las pensiones españolas. En estos debates todo cabe, cualquier tertuliano es bueno para ofrecer su visión de los aspectos económicos y financieros del complejo mundo de la Seguridad Social, encontrándonos con personas que argumentan estados económicos imprecisos e incluso incorrectos, que nos hacen llegar a conclusiones, por supuesto, imprecisas e incorrectas.
Es importante conocer, que sobre el Sistema de la Seguridad Social española, se vienen tomando decisiones desde hace más de 30 años en el intento de ir equilibrando permanentemente el escenario de ingresos y gastos. De otro lado nuestro modelo pretende cubrir el gasto de las prestaciones y pensiones de dos modelos bien diferentes, de un lado el 'contributivo', compuesto de dos tipos de beneficiarios, uno el de cotizantes o 'directos' y otro de los beneficiarios del citado cotizante o 'indirectos', junto a otro, el 'no contributivo', que abarca a beneficiarios que no tienen derecho a las prestaciones y pensiones contributivas, y al que realmente deberíamos llamar 'subsidios, subvenciones o ayudas'.
El 'contributivo' es un modelo de reparto y no de ahorro, es decir, cotizamos para pagar las pensiones y prestaciones de otros en espera de que otros lo hagan cuando nosotros seamos pensionistas. Dentro de este modelo encontramos a los 'beneficiarios directos', es decir, los cotizantes por pensiones de jubilación e incapacidad permanente, y por prestaciones como la incapacidad temporal, maternidad o paternidad entre otras, y los 'beneficiarios indirectos' por pensiones de viudedad, orfandad o favor de familiares. En este 'modelo contributivo' el gasto total en pensiones y prestaciones en 2018 se cerró con unos 131 mil millones, de los que 120 mil millones fueron por pensiones, 11 mil millones por prestaciones. Señalar que algo más de 21 mil millones de euros del gasto en pensiones lo son por viudedad, orfandad y favor de familiares, lo que representa el 17,5% de los 120 mil millones de las pensiones contributivas.
En el 'modelo no contributivo' o subvencionado, encontramos dos submodelos bien diferenciados, el de los 'complementos a mínimos', cantidades que se suman a las pensiones contributivas concedidas que no llegan a la cuantía mínima establecida cada año por el gobierno. Para el año analizado la cifra pagada fue de 7,3 mil millones de euros. De otro lado están las denominadas 'pensiones y prestaciones no contributivas' que alcanzaron la cantidad de 2,4 mil millones en pensiones y de 1,6 mil millones en prestaciones familiares y sociales. El total pues del modelo no contributivo en pensiones, prestaciones y complementos a mínimos sería de unos 11,3 mil millones de euros.
No debemos olvidar incluir también el gasto en asistencia sanitaria no transferida, tras la desaparición en 2002 del Insalud, que recogería, entre otras, la gestión de la asistencia sanitaria en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, junto a otras prestaciones y pensiones no contributivas para el País Vasco y Navarra que sumarían unos 2 mil millones. De esta manera, en 2018 se cerró con una «cifra de gasto en pensiones y prestaciones de la seguridad social» de unos 144 mil millones de euros, al que sumado los gastos antes señalados de 2 mil millones y los aproximadamente 4 mil millones en gastos de gestión de las entidades de la Seguridad Social, hace que el «gasto total agregado» se eleve a unos 150 millones de euros. Este gasto fue financiado con 115 mil millones de cotizaciones sociales, 19 mil millones de operaciones financieras, 15 mil millones de transferencias corrientes del Estado y mil millones de otros conceptos.
Como observamos la Seguridad Social recibe cada año transferencias del Ministerio de Hacienda con las que se pretende cubrir el pago, entre otras, de las 'pensiones y prestaciones no contributivas', por lo que hay que establecer que los déficits en la Seguridad Social los encontramos en la financiación de las pensiones y prestaciones contributivas, señalando que en 2019, la pensión media de jubilación contributiva se sitúa en 15.960 euros al año, siendo las provincias del País Vasco las de mayor cuantía con 19.642 euros y las de Extremadura las de menor importe con 13.202 euros.
Posiblemente este asunto no se trate en esta nueva campaña electoral, salvo para aportar más inseguridad al modelo prometiendo lo contrario que lo que se requiere, sin dar soluciones a los continuos déficits anuales, en un escenario en el que el gasto público en pensiones se dispara, pasando del 33,85% en 2007 al 44,16% en 2018, habiendo casi agotado el fondo de reserva que estuvo en unos 67 mil millones de euros en 2011, siendo conscientes que en estos últimos meses, tanto el Banco de España como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada han publicado informes sobre la difícil situación en que se encuentra la sostenibilidad de las pensiones públicas en España. Se atribuye a Descartes la frase «Es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez», proposición que debería hacernos reflexionar en estos nuevos comicios.
