Los españoles llevamos casi 40 años de democracia inmersos en un proceso de degradación de la convivencia, antaño bañado en sangre y ahora teñido de sabotajes y guerrilla urbana. La clase política y la Jefatura del Estado no han logrado encontrar una solución satisfactoria para todas las partes implicadas. La sacrosanta Constitución española y el Tribunal Constitucional que vela por su estricto cumplimiento, especialmente en lo que compete al articulado referido al Estado de las autonomías, no encuentran la manera de dar encaje a una nueva realidad social y política surgida en algunos territorios.

Somos muchos los españoles deseosos de dar una respuesta firme, democrática y rápida a este desafío, que nos permita avanzar, unidos o desunidos, hacia una nueva era de derechos y libertades. En este artículo nos proponemos presentar posibles soluciones democráticas a estos problemas de convivencia y mostrar el camino para que el destino de España y de los territorios tradicionalmente insatisfechos con su pertenencia a este país sea votado democráticamente por toda la nación.

Permítannos comenzar haciendo referencia al proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, coloquialmente denominado el Brexit. Si lo hacemos es para mostrar cómo una minoría de ciudadanos puede decidir el destino de todo un pueblo. Cuando el Primer Ministro de ese país decidió dar la voz al pueblo en un asunto tan trascendental no calibró ni el sentido que ese voto acabaría teniendo ni las consecuencias para todo un país de tal proceso. Ensalzar las bondades de una decisión de Estado y ocultar los inconvenientes es propio de políticos trileros y aboca a los ciudadanos de un país a un precipicio del que no todos están preparados para saltar. Cargar las tintas sobre la libre circulación de personas y la invasión del país por flujos migratorios descontrolados y silenciar los efectos sobre la paralela libre circulación de mercancías y capitales es un engaño de manual. Si finalmente salen de la Unión Europea, los británicos sabrán en los próximos años lo difícil que va a ser digerir los costes y sacrificios que entraña ser víctimas de la dictadura de la minoría. Además, entenderán en sus propias carnes aquello de la mitad de la verdad es la peor de las mentiras.

A nadie se le escapan los paralelismos que pueden hacerse con lo sucedido y por suceder en Reino Unido y a lo que se enfrentan las Comunidades Autónomas españolas que aspiran a ser un país escindido de España. En las próximas líneas vamos a proponer una vía de salida pacífica y democrática y, a la vez, radical y traumática para sus ciudadanos e instituciones.

Es posible que nuestra propuesta sea tildada de infantil, ilusoria o irrealizable, pero es la única posible tras 40 años de cerrazón de las partes involucradas. Si hubiese otra alternativa, ya habría sido puesta sobre la mesa por sesudos analistas, asesores, periodistas, politólogos y políticos.

Nuestra solución es democrática porque será votada por todos los españoles y es traumática porque todos los españoles votarán con conocimiento de causa, es decir, sabrán de antemano qué consecuencias tendrá votar en uno u otro sentido. De este modo, nadie podrá después rasgarse las vestiduras cuando se sienta perjudicado por lo que se haya votado ni podrá subirse al carro de la victoria engañando a todo un pueblo.

Si la solución a estos conflictos que violentan la convivencia pacífica es votar la independencia, creo que los españoles somos lo suficientemente maduros para asumir ese riesgo. Eso sí, que seamos los españoles quienes establezcamos los términos de esa separación. De este modo, catalanes y vascos votarán con pleno conocimiento de lo que les supondrá política, económica y jurídicamente su eventual decisión de ser un país independiente.

La pata política que proponemos es una votación, en un mismo día por determinar de manera consensuada por todos los partidos políticos y la Jefatura del Estado, de la independencia de Cataluña y del País Vasco por parte de los respectivos ciudadanos empadronados en esas Comunidades Autónomas, y de una nueva Constitución por parte de los ciudadanos de las Comunidades Autónomas no separatistas. Tales votaciones serán vinculantes y aceptadas por todos los españoles y por la comunidad internacional.

La pata económica y jurídica que proponemos y que no sólo será aceptada por todos los partidos políticos, sino que será condición sine qua non para la celebración de tales votaciones, será el marco que regirá el país tras la eventual independencia de Cataluña y el País Vasco, un marco democráticamente votado por todo el pueblo español.

El coste de la independencia será la prohibición de la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales entre los territorios independizados y el territorio español. Las implicaciones económicas y jurídicas de esta prohibición serán escrupulosamente incorporadas a la nueva Constitución y, de este modo, catalanes y vascos sabrán las repercusiones reales de su voto y votarán con pleno conocimiento de causa, sabiendo los sacrificios que comportará su libertad de decidir.

Esta es nuestra imperfecta pero única solución política a unos supuestos anhelos separatistas de unos pueblos egoístas e insolidarios. Dudamos que la mayoría de sus ciudadanos se dejen arrastrar a la vía económica y jurídicamente suicida que les proponemos.