A la vista de recientes informaciones periodísticas sobre la próxima respuesta de la Gerencia de Urbanismo a las alegaciones presentadas en la información pública abierta sobre el Proyecto del Hotel del Dique de Levante, y en relación a la solicitud de colaboración formulada al puerto por parte de Ayuntamiento, ante «la imposibilidad de urbanismo a realizar una contestación adecuada a los interrogantes planteados sobre la Viabilidad Económica de la actuación contemplada», me parece de interés hacer las siguientes consideraciones.
El informe de Viabilidad Económica presentado en 2016 por la promotora catarí, en el trámite inicial de competencia de proyectos para obtener en su día la concesión por 50 años de los terrenos públicos ubicados en el nuevo Dique de Levante con objeto de construir un hotel de gran lujo, presentaba tantas insuficiencias que, al parecer, Urbanismo le pidió a la Autoridad Portuaria que presentara un informe serio para dar curso al mismo ante la administración municipal. Informe que la propia Autoridad Portuaria -no la promotora- encargó al Instituto de Análisis Inmobiliario y presentó en febrero de 2018, cumplimentando de esa forma todos los requisitos documentales para tramitar la imprescindible aprobación por el Ayuntamiento de la Modificación de Elementos del Plan Especial del Puerto de Málaga vigente en el ámbito del sector 2 del Morro de Levante.
Ese informe fue aceptado por la Autoridad Portuaria y lo consideró bien realizado puesto que lo asumió como propio al presentarlo a Urbanismo dentro del conjunto documental que es objeto del proceso de información pública abierto a principios del 2019 por la administración municipal.
Resulta evidentemente insólito que fuera la Autoridad Portuaria como administración adjudicante inicial del procedimiento, la que haciendo suyo el estudio económico-financiero con su recepción y abono, presentara el Informe de Viabilidad Económica puesto que con ello se convertía en 'copartícipe' del promotor del proyecto. Es decir actuó como juez y parte.
Pero la cosa no termina ahí. Según la información periodística, «salvo cambio de última hora, será la Autoridad Portuaria la que responderá a las observaciones que en materia económica se plasmaron durante el periodo de información pública». Si insólita era la situación anterior, el que ahora sea la Autoridad Portuaria quien conteste a las alegaciones sobre la Viabilidad Económica del proyecto alcanza ya tintes esperpénticos y, lo que es peor, supone que la desestimación de dichas alegaciones está ya decidida porque, caso de aceptar alguna, eso supondría ir contra sus propios actos pues el organismo portuario dio por buena la viabilidad económica 'en su informe'. De nuevo se convierte en juez y parte.
Por consiguiente, no ha bastado con que la Autoridad Portuaria sea 'copartícipe en la promoción', sino que ahora se pretende convertirla también en 'copartícipe de la administración municipal' en un trámite fundamental de su competencia urbanística como es resolver la modificación del Plan Especial del Puerto.
Si las distintas cuestiones planteadas en relación a las diferentes insolvencias del proyecto, donde además de las palpables 'irregularidades' de todo el proceso, la imprescindible viabilidad económica del mismo -que debería acreditarse en la documentación presentada- carece de consistencia alguna, de intervenir la Autoridad Portuaria en este trámite de información pública, en tanto que administración, estaría vulnerando la objetividad que se supone debe presidir las actuaciones administrativas en este trámite.
Finalmente, en referencia a las alegaciones presentadas, el concejal de Ordenación del Territorio manifestó, según la prensa, que tras un filtro amplio en el que se han ido agrupando los escritos en función de su temática y coincidencia, los técnicos de Urbanismo tienen en sus manos para proceder a su contestación una treintena de alegaciones. «Estas son las nuestras, hay algunas otras que corresponde al Puerto responder». De estas declaraciones se deduce que: a) La Gerencia de Urbanismo renuncia parcialmente a ejercer sus competencias que -ignoro su causa- «le corresponden al Puerto». b) La Autoridad Portuaria también va a intervenir en la contestación de otras alegaciones distintas a las del Informe de Viabilidad Económica. c) La intervención del organismo portuario en este trámite, además de insólita, no deja precisamente en buen lugar a la Gerencia de Urbanismo porque, ¿acaso en todo el Ayuntamiento no existen técnicos competentes para resolver las que «corresponde responder al Puerto», o se pretende difuminar la responsabilidad municipal?
