El domingo 10 de noviembre se hizo realidad la pesadilla que más temíamos: el crecimiento e institucionalización de la ultraderecha en España. Los resultados del 10N son una prueba más de la legitimación de los discursos del odio que culpabilizan de los males de la sociedad a los colectivos más débiles, como son las personas migrantes o las mujeres víctimas de violencia de género, en muchas ocasiones carentes de voz para defender sus derechos. Los discursos xenófobos han calado tanto entre la población más pudiente como en los barrios y municipios desfavorecidos. Cabe preguntarse por qué ha tenido tanto tirón una narrativa simplista y falsa, cargada de discriminación, contrarrestable con datos objetivos que hablan por sí mismos. Se hace imprescindible una reflexión colectiva sobre las causas y condiciones que han hecho posible el impresionante salto hacia adelante de la ultraderecha.

El discurso del odio ha permeado en un electorado descontento, con ganas de responsabilizar al otro, al migrante, de los males que sufre el país, y esto a pesar de que lo que venden supone un recorte de derechos sociales básicos y una involución en el sistema establecido. La narrativa del odio se ha cebado durante la campaña electoral especialmente con los menores extranjeros no acompañados, tratados como mercancía mediática y electoral. Conocidos e invisibilizados tras el acrónimo MENA, son los más vulnerables entre los vulnerables y, sin embargo, han sido criminalizados y señalados como delincuentes obviando que son niños y niñas sin referentes familiares a los que el Estado tiene obligación de proteger y defender. ya durante la campaña electoral, Andalucía Acoge, de la que forma parte Málaga Acoge, presentó junto a otras seis entidades una denuncia ante el Ministerio Fiscal y una queja ante el Defensor del Pueblo para que se investigase si varios vídeos claramente xenófobos elaborados y difundidos por Vox en sus páginas y redes oficiales pudieran incurrir en un delito de odio y promover el rechazo hacia la población migrante. Asimismo, la Agencia de la ONU para la Infancia (Unicef), Save the Children, Fundación Raíces, la Plataforma de la Infancia y la corporación que agrupa a los colegios profesionales de abogados de España ha instado a la Fiscalía General del Estado a que investigue la «proliferación» de "mensajes de criminalización" contra este colectivo durante los últimos meses. Lo terrible es que esta estrategia electoral, que se ha valido del miedo como herramienta y conecta con las emociones de muchos ciudadanos, ha funcionado, y el vertiginoso crecimiento de la ultraderecha, que se inscribe dentro de una tendencia global, ha sumado todavía más presencia a su representación parlamentaria en los países europeos.

Frente a los discursos del odio, es imprescindible apostar por que imperen la hospitalidad, la diversidad y la igualdad. La única manera de competir con ellos es armar narrativas que conecten con la ciudadanía y con la que se sientan identificadas. Supone un reto que se puede enfocar sólo desde el esfuerzo conjunto de muchos y muchas. ¿A por ellos? A por la convivencia.