19 de noviembre de 2019
19.11.2019
El Palique

La Ley con todo su peso

19.11.2019 | 14:57
La Ley con todo su peso

La sentencia de los ERE es de las más duras posibles. Y supone una impugnación al socialismo andaluz y a su modelo de gestión. Toda una causa general contra la Junta de Andalucía, o así al menos lo enfocó Mercedes Alaya, la primera juez en llevar el caso, la primera al menos en llevarlo tan lejos. Lo que se ha penado es la falta de control (o los atajos para esquivarlos) a la hora de conceder ayudas para empresas en crisis y jubilaciones, grosso modo, no un enriquecimiento de nadie aunque sí, claro, una clara malversación de caudales públicos por parte de algunos. La larga etapa del PSOE al frente de Andalucía, cuarenta años, queda ahora catalogada por los ERE. No importa que la Comunidad tuviera unas amplias políticas sociales y que no perdiera el tren del desarrollo y se modernizara claramente. Pero da la razón a los que consideraban que en Andalucía imperaban conductas propias de un régimen clientelar. Régimen por cierto, no obstante, extraño régimen, dentro del cual el PP sacaba amplias mayorías en las grandes ciudades, en los principales núcleos urbanos. Que incluso ganó unas autonómicas, con Javier Arenas, en 2012, cuarenta por ciento de los votos, quedando al borde de la mayoría absoluta pero formando Gobierno el PSOE con IU. Griñán y Chaves no se han enriquecido y fueron obligados a irse del partido por la presión de Ciudadanos, que lo puso como condición esencial para pactar con Susana Díaz y votar su investidura en 2015. No se han enriquecido pero la sentencia los presupone conocedores, cuando no muñidores de un sistema para aligerar los cauces, torcer el derecho administrativo, imprimirle, de aquella manera, diligencia, a la hora de otorgar ayudas a empresas en dificultad. A la hora de tramitar expendientes de regulación de empleo. Se trataba, si se revisan las hemerotecas, de "conseguir paz social". Aún recuerda uno cuando, por ejemplo, cada acto de Chaves era cercado por pitidos y caceroladas de empresas como Santana Motor, que necesitaba con urgencia (según la doctrina socialista) ayudas para subsistir. El tribunal considera a Griñán culpable de prevaricación y malversación y a Chaves, de prevaricación. Para el primero, seis años de cárcel y quince de inhabilitación. Para el segundo, nueve años de inhabilitación. Son condenados a cárcel también, siete años, dos consejeros de Trabajo, Antonio Fernández y José Antonio Viera, que fuera un tiempo todopoderoso dirigente del socialismo sevillano. El célebre conseguidor burdelesco Javier Guerrero se lleva la peor parte y es condenado a siete años y once meses y a una larga inhabilitación. Y están Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, nueve meses de inhabilitación. Penas leves para lo que el Tribunal ha despachado. La primera, largo tiempo consejera de Economía, luego ministra de Fomento. Una persona que en sus inicios políticos era de un gran perfil técnico y que después pasó al terreno más político. Zarrías fue durante décadas el segundo de Chaves, el consejero de Presidencia, legendario por su nivel de información, su poder y su capacidad. Para hacer y deshacer, premiar y castigar dentro del PSOE y de la Junta. Hay más condenados, hasta un total de 21, de entre ellos, la que fuera consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, que se empleó a fondo en el proceso como cortafuegos. Quiso demostrar que presidencia no sabía nada del asunto. Que todo se mascaba en niveles inferiores de la Administración. A ella, lo mismo que a Zarrías y a Magdalena Álvarez, se les imputa diseñar el sistema. A Aguayo le han caído siete años. Mal parado sale también Francisco Vallejo, siete años, que fuera durante algún tiempo postulado y postulante para sustituir a Chaves al frente del socialismo andaluz. Quince sentenciados a cárcel en total.

El caso de los ERE es una importante sinvergonzonería política y económica, pero gran parte del dinero fue a jubilaciones. No hay rastro de que el PSOE se financiara ilegalmente, cosa que lo diferencia de casos como la Gürtel. Tampoco hay blanqueo. La Fiscalía calcula en 680 millones de euro el fraude, aunque ese es también el monto de las ayudas concedidas. Unos 140 trabajadores de los 6.000 que recibieron las ayudas no pertenecían a las empresas afectadas por los ERE, por lo que algunos expertos evaluan el quebranto a las arcas públicas en doce millones de euros, lo correspondiente a esos 140 empleados jubilados. 61 años de cárcel y 252 de inhabilitación en total. La sentencia por corrupción más importante de la reciente democracia. Les recomiendo "muy mucho" (se lo recomiendo tanto que hasta uso una expresión fea y redundante para ello) el nuevo libro de Paul Preston, "Un pueblo traicionado", que abarca desde 1876 a nuestros días y pormenoriza ese divorcio constante entre las élites políticas y el pueblo, sobre todo por la corrupción de aquellas. Diez años de ERE son tal vez el último eslabón, hasta ahora, de esa sucesión de sistemitas caciquiles creados sucesivamente tendentes a hacer la arbitrariedad y el reparto de favores, norma usual de Gobierno.

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