Recordaba en estos días la lucidez de José Luis Sampedro cuando, en una de sus últimas entrevistas, exponía que tenemos una democracia manipulada. Sus argumentos, como siempre sólidos, los desgranaba con esa fresca soltura que le caracterizaba, y entre estas señalaba la inexistencia de «opinión pública» y el que «no estamos educados para pensar».
A su juicio, son los poderes económicos, a través del control de los medios de comunicación, los que han creado una «opinión mediática», y son los gobiernos los que han permitido que nuestro modelo educativo no nos enseñe a pensar. Sampedro manifestaba, que ante unas elecciones para la gobernanza de un territorio, el voto estará impregnado de visceralidad no contando con pensamiento crítico alguno.
Pero esto no es patrimonio español sino una epidemia mundial. Los Trump, Putin, Boris Johnson, Maduro, Evo Morales, Erdogan, López Obrador o Bolsonaro nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de una revolución del pensamiento que evite encontrarnos en situaciones del pasado o las contempladas en los libros '1984' de Orwell o en 'Nosotros' de Zamiatin. Y en este estado de cosas, surgen escritores como Jason Brennan que proponen reflexiones sobre la democracia.
Hoy los políticos se presentan a las elecciones con promesas que no cumplirán y engaños que muchos creerán, envueltos en el más rancio y puro fanatismo, construyendo un sentimiento de odio que suple la ausencia del «pensamiento crítico». Nos prometen subir el gasto en pensiones, prestaciones y en los salarios de los empleados públicos sin explicar cómo se financiará, sabiendo que la Seguridad Social agotará este año el Fondo de Reserva que, creado por José María Aznar en el año 2000 ha llegado a contar con unos 67 mil millones en 2011, y conociendo que el déficit acumulado del modelo de pensiones desde dicho año habrá llegado a los 100.000 millones de euros. Pero también conocen que la Unión Europea ha informado que España debe cuadrar sus cuentas del 2019 través de subida de impuestos por valor de unos 7 mil millones de euros o una reducción del gasto por ese mismo importe. También son conocedores de la nómina del Estado en sueldos, pensiones y prestaciones públicas, que al cierre del 2019, batirá todos los récords históricos con un gasto de en torno a 280 mil millones. La magnitud de este asunto hace que cada pensionista deba ya unos 11.000 euros, según los cálculos de BBVA Research, convirtiéndose para mí, en el mayor desafío con el que se enfrenta España junto a la amenaza de desintegración nacional a partir del próximo 2020.
Irremediablemente son necesarias tres medidas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas, subir la edad de jubilación de acuerdo con el aumento de la esperanza de vida, aumentar el empleo y la población activa, e incentivar los esquemas privados de ahorro. El Índice Global de Pensiones de Melbourne advierte de los problemas de sostenibilidad de las pensiones, que ciñéndonos a la Unión Europea, señala los casos de España, Alemania, Portugal, Grecia o Italia en los que el envejecimiento de la población y la escasa natalidad hacen que deban tomarse medidas urgentes, en un sistema en el que la generación cotizante financia la pensión de la generación jubilada.
También, en relación con el gasto en pensiones, los sueldos más frecuentes recogidos por la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística crecen menos que las pensiones medias que cobran los jubilados del sistema de la Seguridad Social, siendo estos sueldos los que deben financiar las nuevas pensiones. El periodista Enrique Morales Sequera señalaba que las nuevas pensiones de jubilación alcanzan al año los 18.566 euros frente al sueldo más frecuente que llega a los 17.482 euros, mientras Xavier Aja Rubén señalaba, en uno de sus artículos del pasado agosto, que «la pensión media vasca iguala al sueldo más frecuente en España».
De otro lado, el Instituto de Actuarios Españoles, advierte que «la sostenibilidad actuarial del sistema de pensiones español en la actualidad está muy cerca de poder ser considerada como muy mala», costando cada pensión de jubilación un 28% más de lo que aportaron esos trabajadores y garantizan casi el 80% del salario de los trabajadores al jubilarse, un nivel que casi duplica al del resto de la Unión Europea, como recoge en uno de sus artículos el periodista Javier G. Jorrín.
Nuestros políticos saben perfectamente que las prestaciones de paternidad, maternidad y riesgo en el embarazo han aumentado, en solo un año, cerca de 2 mil millones, un incremento interanual del 11,14%, que las prestaciones de incapacidad temporal lo hicieron en unos 7 mil millones, una subida del 14,77% y que las pensiones contributivas subieron unos 5 mil millones, un aumento del 5,89%. Saben también que podemos entrar en una situación de alto riesgo económico que provoque recortes en pensiones, prestaciones y sueldos públicos como los ya sufridos por países rescatados por la Unión Europea. Se atribuye a Sófocles la frase «Mejor fracasar con honor que triunfar con fraude», pero es una pena saber que muchos de nuestros políticos no la comparten.
