Una de las soluciones que se proponen de forma reiterada para poder superar el escollo en el que nos hemos estrellado con la Constitución de 1978 consiste en instaurar de una vez por todas en España un Estado federal. Parece bastante obvio que el de las autonomías se le asemeja muchísimo pero, por las razones que sean, los constitucionalistas de la transición no quisieron llamarlo así, o no se atrevieron a hacerlo. Habida cuenta de las diferencias que existen entre los distintos territorios (evitemos llamarles naciones o regiones, para no sesgar el argumento), una federación parece ser la única salida. Ni volver al Estado centralizado ni conceder aún más competencias a quienes las reclaman serán soluciones estables. Pero, a mi entender, sólo se puede llegar al Estado federal necesario partiendo de cero, que es lo mismo que terminar con los vicios que hemos acumulado a lo largo de más de cuarenta años. Es decir, los distintos interlocutores -las comunidades autónomas y el Gobierno central- habrán de pactar las condiciones en las que quieren integrarse, siendo tales condiciones definitivas sin que quepan más regateos con el fin de ganar nuevas competencias. Y, otra vez en mi opinión, el punto de partida habría de ser el del federalismo simétrico sin diferencia alguna para nadie; si se quiere introducir una asimetría, que seguro que son necesarias, habrá de ser explicada hasta convencer a los demás sin ampararse en supuestos privilegios históricos automáticos; el borrón y cuenta nueva los elimina. Pongamos un par de ejemplos. En un federalismo de nuevo cuño no puede haber cupo fiscal alguno -vasco, navarro- que valga por razones históricas. Y, al margen de las competencias asimétricas que se pacten en materia educativa y lingüística, tan lógicas como necesarias, resulta por igual imprescindible que exista una lengua de uso administrativo común y obligatoria para todos -la que sea, pero una en concreto-, salvo que se quiera entrar en el disparate de la pérdida de la función comunicativa del idioma para los ciudadanos del Estado. Si es el castellano, tampoco estaría mal que en cada uno de los territorios federados que es lengua se tuviese que aprender en la escuela, además, al menos otra de las de España. ¿Serían aceptables semejantes condiciones para quienes hoy están en conflicto? Lo dudo. Leí hace poco la advertencia de un prohombre político vasco -siento no haber anotado quién- acerca de que cada vez que se discute el cupo surge una guerra carlista. Y que, cuando nos parezca bien, comenzamos la siguiente. Pero si el paso de la España de las autonomías a la federal no se produce, ¿con qué alternativas contamos? ¿Ir de continuo a las urnas hasta que se logre un Gobierno que tampoco sabrá qué hacer? Sería mejor resucitar a Carrillo, Suárez, Fraga y Tarradellas y recuperar a Felipe González. Al menos ellos sabían pactar mejor que nosotros.
