Oigo en la radio una entrevista con Javier Melero el abogado defensor del exconseller Joaquín Forn en el juicio que se siguió ante el Supremo contra dirigentes del procés que acabaron siendo condenados, por sedición o por malversación y desobediencia. El abogado acaba de publicar un libro ('El encargo') en el que cuenta con gracia interioridades de un juicio que duró cuatro meses. Aun no he tenido ocasión de leerlo, pero lo haré en cuanto pueda porque una visión independiente, como la de Melero que se presenta como un abogado ajeno a las pasiones encontradas del procés, seguramente merece la pena. No obstante, de la entrevista hay que destacar dos opiniones. Cuestionables, como todo, pero interesantes. La primera versa sobre la supuesta «falta de autoestima» con la que el Estado español (gobierno, partidos, judicatura, etc.) afronta el desafío secesionista. Vamos, como se dice vulgarmente, que se ha dejado comer la tostada por un adversario que lleva años tomando la iniciativa aprovechando su predominio en las instituciones transferidas y su ventaja estratégica en el tablero parlamentario gracias a la sobrerepresentación que le otorga la ley electoral. La segunda opinión de Melero se centra en la constatación profesional de que las figuras legales aplicables al caso (rebelión y sedición) no se adaptan bien a las conductas cuestionadas, lo que explica las reticencias de otros países europeos a la hora de conceder la euroorden solicitada por los tribunales españoles contra los fugados. Una observación atinada (y propia de un buen abogado) porque en realidad violencia física nunca se produjo y la pretendida declaración unilateral de independencia, suspendida a renglón seguido de proclamada, pareció más bien una gigantesca tomadura de pelo. Eso sí muy bien teatralizada, con las masas ilusionadas en la calle a la espera de la anunciada «desconexión» y los máximos dirigentes de la farsa preparando las maletas para coger el olivo, que se dice en el lenguaje taurino. Por supuesto, en la legislación penal española no existe delito que sancione ese tipo de conductas y todo lo que se argumenta desde el secesionismo para justificar esas acciones se cubre bajo el inmenso manto de la libertad de expresión que lo mismo sirve para tapar un roto que un descosido. Y amparados en esa libertad de expresión tan laxa se pueden permitir arengas secesionistas desde las instituciones catalanas y desde las tribunas de los medios. Como la expresada por el historiador Jaume Sobreques en El Punt Diari. «Sin una determinada acción violenta -dijo- Cataluña nunca conseguirá su liberación. Corresponde a los políticos definir el marco y los límites de la violencia con el Estado; de las formas de resistencia también violenta que será necesario ejercer». Quedamos a la espera de que todo eso se manifieste para darle sentido práctico a los delitos de rebelión y sedición.