María es idónea, Dolores no. Pero el mal, que está hecho, es más profundo que proponer unos u otros nombramientos. Ambas cumplen los requisitos legales para ocupar los puestos de altísima responsabilidad que les han propuesto. Pero una debe decir que sí, por responsabilidad y servicio público, y la otra, por las mismas razones, debe decir que no. Y antes que ellas, dos terceras personas deberían haber resuelto entre sí cuál de las dos tenía que haber dado el paso atrás: Pablo e Irene, Irene y Pablo...
Lo legal
El 21 de julio de 2013 el diario El País publicaba una carta al director que hablaba de las diferencias entre legalidad y ética. Su autor las aplicaba con tino en la persona del -elegido un mes antes- presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos. Comenzaba así: «Las reacciones que se están produciendo a raíz de descubrirse que el presidente del Tribunal Constitucional no dijo la verdad cuando pasó por el Senado, al ser nombrado para su cargo, son un buen ejemplo de la confusión en que anda nuestra sociedad al no distinguir lo legal con lo ético, y dar a entender que todo lo que no está prohibido por las leyes está permitido o es correcto, llevando así el debate a lo estrictamente jurídico o técnico, no apto para los no entendidos en leyes». La mentira a la que alude la carta era la de haber militado en el PP quien, pese a ello, había aceptado presidir el Constitucional. La carta continuaba así: «Habría que recordar que ley y ética se mueven en distintos planos: lo legal nos dice lo que está permitido o regulado por las leyes, y lo ético lo que se debe hacer o lo que es correcto hacer. Que sus compañeros del TC se apresuren a dar por respuesta que no es ilegal lo que ha hecho su presidente es sintomático de dos cosas: primero, de dónde está situado el debate a nivel social y de cómo personas tan señaladas caen en el error de confundir legal y ético; y segundo, de un comportamiento gremial-corporativista».
Lo ético
Hasta hace nada nos habría parecido una imagen típica de democracia bananera la de un matrimonio de hecho o derecho compartiendo mesa en el Consejo de Ministros. Si la respuesta a esa afirmación vuelve a ser que es legal, aunque esta vez la respuesta venga de la orilla política que antes denunciaba la misma o parecida falta de ética en la orilla opuesta, algunos seguimos sin tragar ni la mayor ni la menor y ni de un lado ni de otro.
El poder
María Gámez apostó por Sánchez y ganó. Pero, al margen de esa circunstancia que tanto influye en la carrera política, es más probable que, dada su idoneidad curricular y personal para estar al frente del instituto armado de la Guardia Civil -un cuerpo que ya hace años que dejó de ser masculino-, aportará su entrega y su seriedad al mismo tras dejar atrás su trabajo en Interior en la Subdelegación de Gobierno de su ciudad, Málaga. No hay nada en la elección de la señora María Gámez que dañe la imagen pública de nuestra democracia (y ni siquiera me entretengo en el golpe de efecto de que sea la primera mujer al mando de la Benemérita).
Sin embargo, el acto de poder -que no es lo mismo que la demostración de autoridad- de Sánchez al señalar como nueva Fiscal General del Estado a su ministra de Justicia, daña los ojos y deja una herida profunda en la credibilidad ciudadana en la independencia de la Justicia de cualquier gobierno que intente instrumentalizarla. Pero si Dolores Delgado debiera haberle dicho al presidente «aparta de mí este cáliz», peor aún para no alimentar el desencanto es que sólo hayan sido los vocales del CGPJ del lado esperado los que se hayan negado a respaldar el nombramiento; o que una asociación de fiscales, la más cercana a la oposición al gobierno, se haya mostrado contraria al nombramiento y la más afín plantee menos reparos y pida un voto de confianza para quien -nadie lo duda- cumple los requisitos legales para el cargo. Aunque no la idoneidad.
Los ciudadanos
Y no es que quien esto firma se haya caído de un guindo y no recuerde que fiscales como Fungairiño o Conde Pumpido, por poner sólo dos ejemplos de distintos lados de la baraja, ya dieron muestras de cercanía al partido que estaba detrás del gobierno que les nombró. Pero el juicio que se hizo de su paso por el cargo sólo se pudo hacer durante su actuación y posterior al mismo. Ahora, la mera aceptación de una ministra de Justicia a ser Fiscal General del Estado, y sin solución de continuidad en ambas responsabilidades institucionales, la convierte en cosa moralmente juzgada para cualquier demócrata preocupado por cuidar sus instituciones públicas. La carta de El País terminaba argumentando que estas cosas no pasarían «si los ciudadanos rechazásemos de una manera mucho más activa esas actitudes, y aislásemos a sus autores, que básicamente tienen que ver con la decencia y la salud democrática antes que con la Ley». Conviene recordarlo...
Porque hoy es sábado.
