No hay frente institucional, salvo el de la Generalitat que desoye la ley, en el que este Gobierno no esté decidido a plantear una batalla. Ahora le ha tocado a la RAE y con ella a la gramática. La discriminación de la mujer existe en muchos órdenes de la vida, nadie con dos dedos de frente la puede negar. No se traduce, sin embargo, de un modo gravoso en el español amenazado por eso que llaman el lenguaje inclusivo. Aunque también es cierto que es el reflejo más fácil de combatir por parte del feminismo ideológico radicalizado y ágrafo. La lengua se va adaptando a la calle, pero forzarla por razones ideológicas resulta ser un error mayúsculo que acabará por empobrecerla. El lenguaje inclusivo es una aberración que no va a resolver los graves problemas discriminatorios que afectan a la mujer, por mucho que se insista en lo contrario.
Combatir ese exceso no significa manifestarse en contra de la igualdad entre hombres y mujeres. Se puede desgañitar Carmen Calvo en su intento de poner a la Academia de la Lengua entre la espada y la pared por negarse a feminizar el texto de la Constitución. Ya puede Irene Montero mantener que incluir estudianta cuando existe estudiante para los dos sexos cambia las cosas y ayuda decisivamente a frenar la desigualdad. La RAE no crea el lenguaje, en todo caso su misión es velar por él y tiene, además, el deber de hacerlo defendiéndolo de la desnaturalización que se pretende imponer de manera tendenciosamente prejuiciosa. El masculino genérico es algo tan natural en la lengua española que no representa un privilegio para el hombre y un desdoro para la mujer. Parece mentira que avanzado el siglo XXI haya que enfrentarse a estos estúpidos asuntos y otros tantos que ensombrecen la inteligencia.
