La magnitud de la incidencia del Covid-19 en la universidad española no se ha valorado adecuadamente como se ha hecho con otros colectivos que han sido objeto de ayudas para que su incidencia sea lo menor posible. Salvo la acción directa de los rectores y sus equipos de gobierno, poco más. El Foro de los Consejos Sociales de las 9 universidades públicas de Andalucía viene insistiendo en la adopción de medidas de gran calado, con más recursos y reformas para ser frente a los nuevos desafíos, siendo la inversión en I+D, actualmente insuficiente, un campo donde es exigible una política de Estado. Entiendo que lo urgente es luchar contra la pandemia y terminar con los muertos, pero no deja de ser sorprendente que, salvo algunas pinceladas, ningún partido se haya tomado en serio la actual situación de inanición de la Universidad española en su conjunto, tal y como vienen denunciando los rectores. Por eso es de agradecer que el ministro de Universidades, Manuel Castell, el gran silencioso del Gobierno de Pedro Sánchez, haya salido a la opinión pública y creo que con ideas claras, con luz verde a un nuevo sistema de becas, cambios en los créditos, favorecer matrículas gratuitas a quien no pueda pagarlas y sobre la permanencia.

En Andalucía tanto el consejero de Universidad de la Junta, Rogelio Velasco, como los rectores andaluces, en su totalidad, han dado sobradas muestras de que la pandemia no es una anécdota, sino algo muy serio y profundo, que ha trastocado a la propia universidad como institución, tomando y adoptando iniciativas para paliar, en primer lugar, sus efectos en el alumnado y, en segundo, en el profesorado. Salvo en contadas universidades andaluzas ha habido aceptación generalizada de que las cosas se han hecho y se están haciendo bien. Ha habido críticas, lo que es normal, de un reducido sector del alumnado quejándose de escasos medios técnicos para la enseñanza online. La crisis sanitaria y la económica en la que ya estamos inmersos han consolidado esta tendencia de la enseñanza virtual, creciente en las universidades. El confinamiento ha obligado a muchas instituciones a ampliar todo lo necesario para impartir cursos no presenciales y las universidades han tenido que asumir el reto de mejorar aún más la calidad de un sistema con mucho futuro y que obligará a las universidades y a la educación a llevar profundas transformaciones, no para mañana, sino desde ya. Y para ello se necesita ser valientes y buscar el necesario consenso.

Pero para salir de esta situación, aún no cerrada, se va a necesitar más intervención del Estado que habrá de contribuir a modificar no pocos parámetros que antes del Covid-19 podrían tener su razón de ser, pero que hoy están sujetos a una nueva dinámica, capacidad de adaptación y exigencia de construir un modelo o sistema universitario muy distinto, al hilo de la necesidad de construir sociedades más duraderas, menos vulnerables y no sujetas a las fluctuaciones de los mercados, ansiosos por mantener su status neoliberal. Nadie discute que el virus ha dejado en evidencia los numerosos fallos en el sistema económico y que los parches adoptados en la crisis financiera de 2008, entre ellos el de la austeridad, no han servido para consolidar una sociedad más justa y más solidaria. El capitalismo liberal ha entrado en la bancarrota y llegado a este punto los gobiernos tendrán que incrementar, de manera considerable, su respaldo a la investigación científica y a la innovación tecnológica y es aquí donde las universidades están llamadas a ser protagonistas de estos cambios. El presidente de la CRUER y rector de la Universidad de Córdoba, Gómez Villamandos, ha señalado que «la identificación de las nuevas necesidades formativas debe ser continua, dados los importantes y rápidos cambios de la transformación digital; esto aumentará la empleabilidad de los más jóvenes».

El vuelco dado al sistema de becas universitarias, algo que ha venido reiterando el Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, cumpliendo el ministro Castell lo prometido, con ser un paso importante para proteger a los más débiles y facilitando la igualdad de derechos, sea cual sea la situación económica, no debe quedarse en ello. Hay que ser más valientes y el siguiente e imprescindible paso debería ser terminar con la incertidumbre del presupuesto universitario, garantizando una salida económica acorde con la nueva situación, tal y como han solicitado los rectores. En España hay millón y medio de estudiantes universitarios, de los que más de una tercera parte son andaluces, y así como se han arbitrado medidas económicas y sociales de gran calado para autónomos, la pequeña y media empresa, personas en grave riesgo de exclusión social, entre otras no lo debería ser menos el colectivo universitario, que, si me lo permiten, representa el presente y futuro de España, si valoramos que la mejor manera de salir de esta crisis y las que están por venir es la inversión en conocimiento, investigación y transferencias a la sociedad. Precisamente el Foro con conciencia clara sobre la necesidad de la interrelación de la Universidad con la sociedad viene trabajando para que las prácticas en empresas, en la formación dual exigible, se fortalezca y se arbitren medidas que abran nuevos horizontes. La conexión universidad-empresa es exigencia imprescindible.