La política española cambia de aires cada semana. La votación de la cuarta prórroga del estado de alarma fue un éxito para el Gobierno, que parecía haber encontrado en Ciudadanos el comodín ideal con el que suplir la falta puntual de apoyo de sus socios en el parlamento. El partido naranja ofrecía una disponibilidad incondicional para el acuerdo exigiendo casi nada a cambio. Pero el pasado miércoles, de forma inesperada, las tornas se volvieron lanzas. En el debate de la quinta prórroga, una de las peores representaciones vistas en el Congreso, con desafíos personales entre diputados, el presidente recibió el fuego cruzado de los portavoces de grupos de derechas y de izquierdas, concitando una rara coincidencia en su contra. Las reacciones a la posterior publicación del acuerdo firmado por el PSOE, Podemos y Bildu desvelaron, quizá sin querer, el trasfondo sobre el que actúa el Gobierno. Pedro Sánchez quiso evitar a toda costa una derrota parlamentaria, consciente de lo que eso hubiera significado, pero termina la semana tocando fondo. Ninguna de las explicaciones ofrecidas después en rueda de prensa justifica sus maniobras de los últimos días. La crisis política se agrava, los españoles extreman su desconfianza y emergen las primeras dudas sobre la duración de la legislatura.
La desescalada se va relajando y aunque los partidos sigan refiriéndose a la pandemia y repitan su nombre, de lo que en realidad hablan es de política. Era la actitud previsible en estos tiempos de amable cinismo. El paréntesis ha sido muy breve. El simple giro del equipo de Arrimadas ha trastocado el panorama político entero, desatando una gran tensión. Por más que Ciudadanos y el gobierno se nieguen como aliados, los socios de Pedro Sánchez han desatado sobre él una fuerte tormenta de reproches y advertencias intimidatorias, dejando bien claro que no aprueban ese acercamiento. El Gobierno, un poco más débil aún, se encuentra entre la espada y la pared. El presidente promete lealtad a los acuerdos de investidura, pero el PNV le avisa de que el depósito de su paciencia está en reserva y ERC le concede quince días para cumplir con sus condiciones. Los partidos nacionalistas tienen la intención de apartar de inmediato a Ciudadanos del gobierno y elevan la presión valiéndose de Podemos. Las declaraciones de Pablo Iglesias y Nadia Calviño, hechas ambas con igual firmeza, son incompatibles y traslucen algo más que una diferencia de sensibilidades en el seno del ejecutivo.
El chantaje es la forma habitual en que se relacionan los partidos políticos en sistemas pluralistas como el nuestro. La capacidad de chantaje de los partidos nacionalistas ha aumentado extraordinariamente en España en la última década, gracias al crecimiento de su respaldo electoral y a la receptividad que han encontrado en Podemos. Y Pedro Sánchez ha optado en su accidentada carrera política por aceptar el intercambio de apoyo por concesiones en los términos que le propusieron. Sus apelaciones a la responsabilidad del PP son parte de la retórica que dicta la rivalidad política que mantienen. Si considerara la colaboración del PP tan relevante como no se cansa de repetir, es inexplicable que en estas circunstancias no le invite a abrir una vía directa de diálogo. Esa posibilidad está cegada, ahora ya de manera irreversible, y las demandas de los nacionalistas son mayores a medida que el Gobierno se muestra más frágil. Los esfuerzos de Pedro Sánchez para convencer de que el miércoles se votaba pensando en la salud de los españoles son inútiles. Fueron desmentidos por los portavoces más cercanos al Gobierno, que condicionaron el voto de sus grupos a la financiación autonómica, la mesa catalana, el calendario electoral, la aprobación de planes específicos y otros objetivos de similar impronta nacionalista.
En el horizonte de la política española se dibuja un panorama al que conviene prestar toda la atención: un gobierno empecinado en depender de partidos que estiman poco a España y pretenden organizar su agenda, y la derecha en la calle, sin interlocución con el Gobierno. Para colmo, se avecinan unas elecciones que cargarán el ambiente de crispación política. El Gobierno, escúchense las palabras de su vicepresidenta tercera, está en un tris de convertirse en un problema político en sí mismo y no hay alternativa a la vista. Esta situación durará lo que tenga que durar.
