01 de julio de 2020
01.07.2020
La Opinión de Málaga
Tribuna

Es necesario el consenso para reactivar la economía

01.07.2020 | 05:00
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (3d); y la ministra de Igualdad, Irene Montero (2d).

Estamos viviendo con una normalidad asombrosa, la mayor crisis sanitaria y económica en nuestro país del último siglo; con la excepción de algunos políticos irresponsables que se sitúan fuera de cualquier consenso, porque este no es su "modelo de estado", el conjunto de los gobiernos y oposición están dando una respuesta diferente, tan influenciadas por la actitud personal de quienes lo presiden como influenciadas por la aptitud para ofrecer soluciones con el mayor consenso social.

Y en estos momentos, contamos con firmes liderazgos políticos muy poco cuestionables. Más allá de la absurda estrategia de crispación y confrontación entre partidos, el gobierno de nuestro país y el gobierno de nuestro ayuntamiento, están dando claras muestras democráticas de buscar amplios consensos sociales y de partidos, y en este camino las CCOO suman y ofrecen soluciones.

El consenso social no sólo aporta un valor cualitativo de las medidas a implementar, sino que también busca el refuerzo del liderazgo personal e institucional de quién lo impulsa. No en vano, la Ministra de Trabajo lo ha reconocido públicamente: el acuerdo entre los agentes sociales y el gobierno para prorrogar los ERTEs, se podría aprobar en el Consejo de Gobierno, pero aporta un "plus" ser el resultado del consenso de las partes afectadas, dándole estabilidad y seguridad a empresas y a las personas trabajadoras, dándole prioridad al acuerdo de las partes antes que al decreto.

Otro análisis diferente merece la acción del gobierno Andaluz y de la Diputación Provincial. En el caso de Andalucía, el gobierno de la Junta deja muerto el consenso social, cuando pone al frente de la comisión de reactivación a un partido político que no sólo voto en contra de su creación, sino que tampoco cree en las competencias constitucionales que se le otorgan a nuestra comunidad andaluza. Sencillamente, supone "matar" a la comisión de reactivación económica, antes incluso de su constitución.

Por otro lado la Diputación Provincial de Málaga, no entiende de consensos sociales y mucho menos del carácter representativo que otorga el artículo 7 de la Constitución Española a quienes representan al conjunto de personas trabajadoras de nuestra provincia, una oportunidad que su presidente bien por actitud o por aptitud, está perdiendo.

Desde CCOO estamos presentando en todos los espacios de gobierno donde nos requieren, un conjunto de medidas que tienen por objetivo: salvar a las empresas, mantener los puestos de trabajo y asegurar las rentas de las personas trabajadoras.

Si el 60% de nuestra economía lo mueve el consumo interno de la población, sería contraproducente iniciar una política de recortes salariales, que sólo garantiza el beneficio a corto plazo en las empresas, pero que nos lleva a una recuperación económica en "L".

Las empresas piden "seguridad jurídica" y es comprensible, pero las personas trabajadoras también quieren "seguridad laboral", estabilidad en los empleos y en las condiciones de trabajo, y que nuestro trabajo sea valorado adecuadamente, y para ello hace falta formación y cualificación profesional reconocida en los salarios. A las trabajadoras y trabajadores malagueños no se les puede pedir más flexibilidad laboral de la que están aportando en esta crisis, por ello es necesario el consenso en todas y cada una de las administraciones públicas, gobierne quien gobierne en ellas.

Desde CCOO hemos presentado documentos que recogen propuestas de base para la reactivación del empleo y la economía local, concretada ante el ayuntamiento de Málaga en 137 medidas, 40 propuestas para una Andalucía de las personas y por un modelo económico sostenible, propuestas para la conciliación familiar, propuestas para un nuevo país, más productivo, más igualitario, más social, más verde, con más servicios públicos. En definitiva un modelo social donde la riqueza llegue a toda la ciudadanía en términos de empleo, salarios, prestaciones públicas, educación de calidad sin que los ingresos familiares la puedan frenar, servicios sociales -tan esenciales ahora y siempre-, y por supuesto con una sanidad y una atención a personas dependientes con carácter universal, y de calidad, que sólo se puede ofrecer desde la administración pública.

Para que ello sea posible, es necesario llevar a cabo cambios en la política fiscal que garantice el cumplimiento de la Constitución Española, pues los derechos sanitarios, educativos y sociales mencionados antes, no pueden garantizarse de manera aleatoria y a capricho de la caridad de quienes acumulan riquezas mientras siguen reclamando más y más rebajas fiscales, ni por esas empresas que no se comprometen con el desarrollo local, autonómico ni estatal al fiscalizar fuera de nuestro país y al deslocalizar año tras año sus beneficios haciendo depender a nuestra provincia de ayudas europeas, que son temporales y que no llegan a todas las personas necesitadas.

Por eso es importante un cambio fiscal armonizado en el Estado español y con la UE, un cambio fiscal que nos acerque a la media europea de ingresos fiscales respecto al PIB, y evite el dumping entre comunidades autónomas y entre países.

Este país se construye entre todos y todas. Este país tiene futuro, pero no podemos dejar a nadie atrás, y la mejor manera de hacerlo es sentarnos en la misma mesa porque todos y todas tenemos propuestas, aunque nadie tenga la varita mágica.


* Fernando Muñoz Cubillo es secretario general CCOO Málaga

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