España es uno de los países donde más se restringió la movilidad de los ciudadanos durante la pandemia, según un estudio de la universidad de Cambridge. La paralización multiplicó por seis a Corea, por cuatro a Japón y por dos a Alemania. Nadie ignora que estos rivales combatieron con mayor eficacia el coronavirus. De hecho, el confinamiento radical no impide sino que avala la consideración de la gestión española como la peor del mundo contra la pandemia, de acuerdo con el mismo informe. A partir de aquí, ya podemos seguir insultando a la jueza de Lleida que se negó a avalar un «confinamiento domiciliario generalizado», patrocinado por la Generalitat y el Gobierno.

Malos tiempos para los disidentes. Razonar por cuenta propia es perseguible de oficio. La magistrada Elena García-Muñoz se habría ahorrado problemas, dejándose arrastrar por la corriente para avalar un confinamiento que «excede ampliamente a una simple limitación de movimientos». Al quitarse la mascarilla, la magistrada se colocaba en franca minoría, pero alguien en su posición debía paralizar unas medias arbitrarias porque «no son proporcionales», y además «se basan en datos y expresiones genéricas». Será revocada y revolcada pero, a partir de su pronunciamiento, otras voces judiciales empiezan a preocuparse por el contagio del ansia liberticida.

La jueza pretende que le demuestren el fundamento de un encierro «ilimitado en el tiempo», porque el poder ya no se preocupa ni de disimular sus aspiraciones. En media docena de folios, una operadora jurídica ha hecho más por la ciencia que el batallón de epidemiólogos que predican en vez de hablar, como todo mamífero al que le colocan un micrófono delante. La mascarilla se medirá por sus resultados, no por los principios que han avalado su imposición. El jurado sigue deliberando, Cambridge ya se ha pronunciado.