En 1905 un grupo de periodistas malagueños logró consolidar los movimientos asociativos de la profesión que se habían producido en la ciudad en las décadas previas. La documentación y archivos de la época nos sitúan claramente en los problemas que llevaron a estos colegas a fundar la Asociación de la Prensa de Málaga (APM), la mayoría derivados de la precariedad laboral y la consecuente falta de recursos. De este modo, su objetivo principal fue socorrer a sus asociados mediante la creación de un servicio médico. Lamentablemente, cuando pasen otros 115 años y se eche la vista atrás sobre la situación de la profesión en este 2020 se podrá constatar cómo la precariedad laboral continúa siendo uno de sus principales problemas y no el único. El periodismo es una profesión altamente vocacional. El periodista no desconecta nunca en su búsqueda insaciable de la verdad y únicamente le suelen interesar los problemas de los demás y no los que le atañen directamente, lo que hace al colectivo muy vulnerable, y más en situaciones de crisis. Estamos inmersos ahora en una sin precedentes, que afecta ya a muchísimos profesionales sin que nadie hable de sus condiciones laborales ni de cómo les atañe la grave situación económica que se deriva de la pandemia. No es un problema baladí, la visión que concibe los medios de comunicación exclusivamente como un negocio pone en peligro la independencia crítica de muchos periodistas, obligados a procurar ante todo su supervivencia. La reflexión sobre el estado de la profesión tiene muchos más factores a considerar, como las continuas intrusiones públicas y privadas en las agendas de los medios que buscan el control de la información.

Cada día obstaculizan más la libre circulación de información fiable y de calidad, atentando contra uno de los pilares de la democracia, lo que en si constituye un delito aunque no reciba sanción alguna. Esta grave amenaza tiene su exponente máximo en los recientes intentos de coartar la libertad de expresión, con la imposición de numerosas limitaciones al derecho de acceso a la información, que han provocado la condena reiterada de las asociaciones de la prensa y otros colectivos profesionales: ruedas de prensa sin preguntas, cierre del Portal de Transparencia, la llamada ley mordaza o la ocultación de datos importantes sobre la actual crisis sanitaria, entre otras. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental desde hace 72 años, según se recoge en el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948), pero no es un derecho consolidado porque la experiencia demuestra que en situaciones de extrema gravedad los intentos de coartarla se generalizan. Es cierto que los adelantos tecnológicos han democratizado la información y permite que llegue a muchos más ciudadanos burlando la censura, pero ello no garantiza el derecho de acceso a la información. La circulación de noticias que no reúne los requisitos imprescindibles o directamente falsas, lo impiden. Somos testigos de cómo la pandemia de la Covid-19 ha disparado la diseminación de bulos y noticias falsas en los últimos meses, poniendo en riesgo, incluso, las políticas sanitarias emprendidas para hacer frente a la enfermedad. No obstante, la pandemia ha servido para poner en valor el periodismo. Los ciudadanos han conocido la importancia de la información veraz y contrastada frente a la manipulación interesada de hechos con una intencionalidad política clara de hacer daño a alguien o a algo.

La necesidad de información abrió una vía a los propagadores de bulos, pero también la Covid-19 ha dado la oportunidad al periodismo de recuperar su credibilidad y de reivindicar su rol como servicio público esencial. Especialmente relevante ha sido el papel de la información de cercanía, de unos medios locales que, en el caso de Málaga, han acentuado claramente su perfil de servicio publico y se han convertido en el nexo de los ciudadanos con la realidad de su entorno. Preocupa qué va a pasar en el sector. La pérdida de medios y de empleo que vaticinan los numerosos ertes que se han registrado estos meses no sólo perjudicará a empresas y trabajadores, sino que será una amenaza para el sistema democrático. Es el momento para que políticos, gobiernos e instituciones muestren realmente y con hechos su convicción con respeto a la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos.

Es el momento de apoyar con firmeza a los medios porque la información es un bien público y necesario. Todos debemos estar atentos y exigir que se eliminen los muchos obstáculos que coartan la libertad de prensa, porque ésta, junto al derecho de acceso a la información contribuye a reforzar la democracia, dota de autonomía al ciudadano y potencia su participación activa al posibilitar el debate público y la consecuente petición de cuentas a los gobiernos. Todos debemos procurar la defensa del periodismo como baluarte de la democracia.

Ese es nuestro principal valor y el objetivo que guía a la Asociación de la Prensa de Málaga y en cuyo empeño queremos involucrar a los compañeros y compañeras que aun no están en este barco. Asociarse es incorporar, hermanar, cooperar, aliarse, en definitiva, para solucionar los problemas de la profesión. La unidad de todos es nuestra única defensa contra tanta adversidad.