Existen posibilidades de que el PP pueda llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y ninguna de que respalde los presupuestos. Para desmarcarse de lo último tiene una buena excusa, la de Podemos, y un razonamiento impepinable: no se debe apoyar aquello que se desconoce por completo ofreciendo un cheque en blanco. La sumisión, en todo caso, hay que disimularla. Mientras tanto, Casado, que se empequeñece como líder de la oposición, no sé si es una percepción particular, ha decidido aguardar pacientemente su turno, que consiste, como ya le sucedió a Rajoy, en sentarse a ver pasar el cadáver de su adversario. Tiene bien aprendida la lección de que el centro derecha, la derecha, o como prefieran llamarlo, solo puede aspirar a gobernar este país cuando se ha consumado el caos más absoluto y no queda otra que contar con él porque no existe ninguna opción más. Esto ha venido produciéndose últimamente a raíz de grandes debacles económicas. De momento, hay carrete de donde tirar gracias a los fondos europeos: el drama se agudizará por cómo son utilizados y por la factura de la UE. La renovación del CGPJ no corre peligro. Tardará más o menos pero no habrá problema.
Se trata de un reparto grosero del poder político en contra de la independencia judicial, algo que socialistas y populares no han tenido hasta ahora mayor inconveniente en perpetuar para seguir protegiendo sus intereses partidistas. Lo escenificarán y "relatarán", eso sí, hasta aburrirnos. La novedad del encuentro entre Sánchez y Casado es la creación de una Agencia Nacional para la Recuperación Económica de España, con la misión de controlar el reparto de las ayudas europeas. Según Casado, la dirigiría, se puede decir que a la italiana, un exgobernador del Banco de España o un excomisario comunitario "sin filiación política". El problema es que en nuestra democracia no hay italianos. Esperen a ver qué piensa de tanta independencia en el manejo del dinero la sección troglopodemita del Gobierno.
