Empezó la temporada liguera en Primera y Segunda y por tercera campaña consecutiva saltan a los titulares deportivos recuentos de esos que invitan a la reflexión. Si hace un año narrábamos que la Real Sociedad se había quedado como el único equipo de la máxima categoría del fútbol español que no lucía publicidad de una casa de apuestas en su camiseta, hace unos días hemos sabido que con el acuerdo entre Rayo Vallecano y William Hill el 75% de los conjuntos de Segunda mantienen como patrocinador oficial a una de estas empresas.

Además del Málaga CF, que también ha recuperado el patrocinio de William Hill y que ya mantuvo de patrocinador principal en su camiseta a Marathonbet entre 2016 y 2018, otras 14 escuadras al margen del Rayo tienen acuerdos con las principales casas de apuestas internacionales. Albacete, Alcorcón, Espanyol, Fuenlabrada, Las Palmas, Leganés, Logroñés, Mallorca, Mirandés, Oviedo, Ponferradina, Sabadell, Sporting y Zaragoza figuran en ese listado.

Que un club sea «apuestodependiente» no deja de resultar bastante contradictorio a estas alturas del siglo XXI. El Gobierno español está precisamente en vías de aprobar un nuevo marco que prohíbe estos patrocinios, a sabiendas del peligro que entrañan para los más jóvenes. Atraídos por suculentas ofertas económicas, muchos se inician en el juego sin ser conscientes de lo que ello supone a edades demasiado tempranas.

De hecho, la normativa que se prepara en España viene antecedida de normas que, por ejemplo, en Italia se aplican desde hace ya unos años. Y es de justicia reconocer que en LaLiga Santander la lista de equipos sin casas de apuestas en sus camisetas se ha reducido de una temporada a otra. A la Real Sociedad se le unen de cara al presente campeonato los recién ascendidos Huesca y Elche, así como Eibar, Getafe y Valladolid. En Segunda, escapan también a esta peligrosa tendencia apenas seis conjuntos: Almería, Castellón, Cartagena, Girona, Lugo y Tenerife.

Una contradicción añadida parte de que algunos de los nuevos acuerdos se han cerrado para tres y cuatro años, sin reparar en que la nueva legislación estatal podría obligar a romper dichos contratos incluso con muy pocas jornadas disputadas. Se prevé que el Real Decreto haya superado toda su tramitación el mes que viene. Los primeros cálculos en el ámbito del fútbol profesional apuntan a que se perderían alrededor de 80 millones de euros en concepto de patrocinios.

El borrador más reciente no incluye ciertas excepciones que para el balompié se habían puesto sobre la mesa durante la pasada temporada. Ningún club podrá utilizar el nombre o marca para identificar su estadio y ni siquiera se podrá añadir al nombre de un equipo o competición la denominación comercial de una de estas operadoras de apuestas. Asimismo, como clave para seguir los pasos de otros países, la nueva legislación no admitirá «el patrocinio en camisetas o equiparaciones deportivas». ¿Será el fin definitivo a tanto «apuestodependiente»? Veremos.