Modificar la Ley que regula el Consejo General del Poder Judicial a la vista de la incapacidad de los grandes partidos nacionales para alcanzar el consenso que para su renovación exige dicha Ley, es una pésima idea. Ciertamente aprovechar la exigencia de mayoría reforzada (y de consenso, por tanto) para, desde la minoría parlamentaria, bloquear la renovación, es una práctica más propia de hooligans políticos que de un partido que se proclama defensor de la Constitución. Pero la respuesta desde la mayoría no puede ser la voladura de uno de los mecanismos de consenso forzoso que la Carta Magna contiene, clave para asegurar el pluralismo de la cúpula del Poder Judicial, dotándolo de credibilidad y alejándolo del sectarismo político. Sería patético que la independencia de dicho Poder, que unos pocos miles de jueces defienden a ras de suelo cada día, fuera minada desde arriba.