Como principio, no hay que prosternarse ante una sentencia: hay que acatarla, claro (y, en su caso, recurrirla), pero sin olvidar que es solo una opinión investida por ley de "potestas". La prueba de su verdad la dará su concordancia con el sentido común, depósito sagrado que todos llevamos en alguna parte. Una juez barcelonesa ha dejado sin efecto la proclama del claustro de la Universidad de Barcelona reivindicando, junto a otras universidades públicas, la autodeterminación catalana. Su sentencia dice algo tan sensato como que la universidad es parte de la administración pública y, en el plano político, está sometida al deber de neutralidad. Así que -añado- lo público y lo político no son la misma cosa; es más cuando lo público se pone al servicio de un sector político se hace privado de ese sector. Ser de veras republicano en Catalunya es entender así lo público, no colonizarlo.