«Resiliencia» es un vocablo más bien feo últimamente de moda. Incluso aparece en el llamado 'Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia' de la economía española que presentó hace unos días el presidente Pedro Sánchez y que supuestamente permitirá a España - ¡ya lo veremos!- crecer sobre «unos pilares mucho más robustos».

Resiliencia es en cualquier caso lo que deberá demostrar el Gobierno de coalición de los socialistas con Unidas/Podemos para hacer frente a las maniobras por tierra, mar y aire que desde sectores de la política, la judicatura y, por supuesto, los medios en papel o digitales, se desarrollan desde que comenzó su andadura para hacerlo caer.

Un Gobierno, aunque sea tímidamente de izquierdas, ya se vio en el caso de Grecia, parece ser anatema en la Europa de inspiración neoliberal en la que nos movemos. ¡Y menos mal, con todas las pegas que podamos poner a Bruselas, que estamos en la UE porque no quisiera uno saber lo que pasaría aquí de haber seguido fuera del club europeo!

Vienen estas consideraciones a propósito de la petición de un juez de cuyo nombre no quiero acordarme para que se vuelva a investigar al líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por una historia del todo rocambolesca relacionada con una ya famosa tarjeta de móvil perteneciente a una excolaboradora suya.

El caso parecía ya archivado después de haber pasado por la Audiencia Nacional, pero el juez en cuestión, que se creyó al parecer desautorizado o herido en su honor, decidió resucitarlo justo el día en el que el Gobierno hacía público su plan para la recuperación de la economía española, que quedó así relegado en los titulares de la prensa a segundo lugar.

No tardaron los dirigentes del partido de todas las corrupciones, y el lector adivinará inmediatamente de quién hablo, en sacar toda su artillería pesada para exigir la dimisión inmediata del vicepresidente del Gobierno, aunque siga de momento sin estar imputado, por «haber mentido», según aseguran ya ellos ante un Tribunal.

Como era de esperar, algunos políticos se apresuraron a hablar farisaicamente de «presunción de inocencia» y de «respeto a las decisiones del juez» para, acto seguido, cargar contra el político en cuestión, a quien los más benévolos critican por «haber puesto el listón» de la ética política demasiado alto para caer luego en algunos de los vicios por él denunciados.

Al final, no importa lo que salga finalmente de la remisión por el juez al Tribunal Supremo de un caso que había pasado ya por la Audiencia Nacional, donde se devolvió a Iglesias la condición de víctima de una intriga por «falta de pruebas» que sustentasen las hipótesis planteadas por el magistrado.

Lo que pasará sin duda es que, mientras tanto, los medios conservadores, que son mayoría entre los que se editan en Madrid, nos aburrirán un día sí y otro también con sus editoriales de condena del líder de Podemos y del propio Gobierno haciéndose eco con la mayor alharaca posible de las acusaciones de un partido que trata por todos los medios de tapar sus propios y escandalosos casos de corrupción.

Y así, seguiremos -¿hasta cuándo?- con un bochornoso proceso de judicialización de la política y politización de la justicia con el resultado de que algunas de las decisiones de esta última terminan tumbadas en los tribunales europeos, y me refiero también al dichoso conflicto con Cataluña, lo que no contribuye precisamente a mejorar la imagen de España en el exterior.

Porque el espectáculo que está dando dentro y fuera nuestro país en medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes con un expolicía mafioso sometiendo al más vulgar de los chantajes a políticos que recurrieron a él para intentar tapar sus oscuras maniobras o echar fango sobre sus rivales es algo que no nos merecemos los sufridos ciudadanos.