Como ocurrió en su momento en la lucha contra el sida, dos países emergentes -India y Suráfrica- han solicitado a la Organización Mundial del Comercio una excepción temporal del sistema de patentes para combatir la nueva pandemia.

La mayoría de los países en desarrollo que forman parte de esa organización apoyaron la iniciativa mientras que los desarrollados, como no podía ser de otro modo, se opusieron.

En el centro de la polémica está un acuerdo de feísimo nombre: Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (conocido en inglés por las siglas TRIPS).

El ADPIC O TRIPS exige a los Estados miembros de la OMC una fuerte protección de esos derechos que, en el caso de los medicamentos, se extiende a veinte años a partir de la fecha de solicitud de la patente.

Las empresas farmacéuticas argumentan en defensa del sistema de patentes que éstas ayudan a recuperar las fuertes inversiones que tienen que hacer en investigación y desarrollo de nuevos productos.

Sin embargo, no se tiene en cuenta las enormes cantidades de dinero público invertido muchas veces en esas investigaciones como ha ocurrido ahora con las vacunas desarrolladas contra el Covid-19: hasta 70.000 millones de dólares, según algunas fuentes. Además, argumentan los críticos, el derecho de propiedad intelectual puede entrar en colisión con derechos fundamentales como la protección de la salud tanto individual como pública, algo que se hace mucho más evidente que nunca en tiempo de pandemias.

Los precios de los fármacos suben muchas veces de forma exorbitante debido precisamente a la ley de protección de patentes, que otorgan al fabricante, hasta la expiración de las mismas, las ventajas vinculadas a cualquier monopolio.

Quienes ahora solicitan una nueva excepción a esa regla de la OMC a fin de poder fabricar ellos mismos las vacunas argumentan que sería hasta que se alcanzase la que llaman ´inmunidad de rebaño'.

Los gobiernos de los países ricos responden que el acuerdo ADPIC , que entró en vigor en enero de 1995, da suficiente flexibilidad a las naciones en desarrollo para fabricar, gracias a las llamadas ´licencias obligatorias', sus propios genéricos o a importarlos de otro si es que no tienen capacidad de producción propia.

La licencia obligatoria es el permiso que da un determinado Gobierno para fabricar un producto o utilizar un procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente.

Pero los países en desarrollo contraargumentan que la regla que permite recurrir a esas licencias se aplica siempre caso por caso, producto por producto, lo que reduce fuertemente el margen de maniobra necesario en caso de pandemia.

Los países que han solicitado ese tipo de licencias en el pasado se han visto sometidos a fuertes presiones por parte de EEUU y de los países europeos donde se radican la mayor parte de las empresas farmacéuticas.

Lo más llamativo del caso es que dentro del llamado mundo rico, algunos países, entre ellos Francia, Alemania o Canadá- han aprobado últimamente leyes que permiten a sus autoridades sanitarias a conceder licencias obligatorias para fármacos, procedimientos y material de protección o diagnóstico relacionados con el Covid-19. Otros, como EEUU y Gran Bretaña ya disponían de ese tipo de legislación para casos de emergencia.

Suráfrica y la India van más lejos y, apoyados por varios centenares de ONG, reclaman una excepción general del sistema de patentes hasta el mismo momento en que la Organización Mundial de la Salud confirme el fin de la actual pandemia.

La India, en concreto, que es el segundo país más poblado que existe en todo el mundo, tiene un gran sector farmacéutico y compite con enorme éxito gracias no sólo a la baratura de su fuerza de trabajo sino también a la potencia de su industria de medicamentos, en especial la de los genéricos.