En Alemania se está produciendo un interesante debate en la sociedad y en el mundo político sobre la voluntariedad u obligatoriedad de vacunarse contra el Covid-19. Los políticos de los tres partidos de la coalición- CDU, SPD y CSU bávara- advierten ya del peligro de que la vacunación termine dividiendo a la sociedad. El jefe del Gobierno bávaro, Markus Söder, asegura que la vacuna no será en ningún caso obligatoria y habla sólo de hacer todo lo posible por convencer a la ciudadanía de su conveniencia. También el ministro de Sanidad, el cristianodemócrata Jens Spahn, ha dado a los alemanes su palabra de que no habrá tal obligación, al menos durante la actual pandemia. Spahn ha rechazo por otro lado la posibilidad de privilegiar a los ya vacunados mientras que diversos políticos socialdemócratas hablan de la necesidad de estudiar medidas legales al respecto. Según el titular del Interior, el también cristianosocial bávaro Horst Seehofer, el hecho de distinguir entre vacunados y no vacunados equivale en el fondo a obligar a los ciudadanos a vacunarse. Tanto el Estado como sus instituciones están obligadas por la Constitución a evitar cualquier discriminación injustificada, pero ¿qué pasa cuando se trata de empresas privadas? ¿Pueden, por ejemplo, una peluquería, el propietario de un gimnasio, de un club o de una sala de espectáculos prohibir la entrada a quienes no lleven el pasaporte de estar vacunados? Parece en cualquier caso que sí. Lo mismo podría ocurrir con los centros de trabajo o los medios de transporte. Así, la compañía australiana Qantas ha anunciado ya que sólo podrán subir a bordo de sus aviones quienes puedan demostrar que están ya vacunados. Qantas ha sido la primera, pero podrían seguir pronto otras, sobre todo las que realizan vuelos de larga distancia, en los que los pasajeros pasan horas metidos en el avión. Un problema no menor es que de momento hay cosas que no se saben de las distintas vacunas probadas y aprobadas en procesos que sólo cabe calificar de exprés. Y no sólo sus posibles repercusiones a medio y largo plazo, sino también - algo que es muy importante para el actual debate- si protegen sólo al vacunado y no evitan el contagio a terceros. Lo que puede decirse de momento es que mientras no haya vacunas suficientes en el país para vacunar a cuantos lo deseen, no es posible ningún tipo de discriminación. Sólo cuando se dé ese supuesto y se sepa a ciencia cierta que la vacuna no tiene peligro alguno, podría plantearse un debate sobre si convertirla por ley en obligatoria, como ocurre actualmente con otras vacunas. Así, por ejemplo, aquí se recuerda que en la Baviera de 1807, cuando el hoy "Estado libre" era todavía reino independiente, se introdujo la obligatoriedad de la vacuna contra la viruela en vista de que había demasiados pocos voluntarios. Y hace sólo poco más de un año, el Bundestag (Parlamento alemán) decidió que los niños debían vacunarse contra el sarampión, lo que se aplica ya en los parvularios y afecta también a todo el personal docente y médico que allí trabaja. Hay quienes, sin ir de momento tan lejos como pretenden los más radicales, argumentan que hay que obligar a vacunarse en cualquier caso al personal médico y al que está al cuidado de los ancianos en las residencias porque todos ellos tienen una especial responsabilidad hacia los más vulnerables. El constitucionalista y miembro del Consejo Ético de Alemania Steffen Augsberg no cree que vaya a poder obligarse a vacunarse a todos los ciudadanos por conveniente que pudiera ser esa medida. La pasada primavera, el Consejo Ético debatió la posibilidad de extender un certificado de inmunidad a quienes hubiesen superado ya la enfermedad provocada por el Covid-19 para eximirlos de la obligación de llevar mascarilla y se pronunció finalmente en contra. El principal argumento esgrimido entonces era que el hecho de que unos llevaran mascarilla y otros no acabaría provocando desconfianza y discordia entre los ciudadanos y haría que muchos no inmunes se saltasen las reglas. La polémica está en cualquier caso servida.