Guerra y desinformación digital

Con motivo de la invasión rusa de Ucrania, la Comisión Europea ha paralizado la actividad de medios como Russia Today o Sputnik. La decisión se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea del 2 de marzo, y en ella se explicaba que “para justificar y apoyar su agresión contra Ucrania, la Federación de Rusia ha emprendido acciones de propaganda continuas y concertadas contra la sociedad civil de la Unión y de sus países vecinos, distorsionando y manipulando gravemente los hechos. Dichas acciones de propaganda vienen canalizándose a través de una serie de medios de comunicación bajo el control permanente, directo o indirecto, de los dirigentes de la Federación de Rusia”.

Los defensores de la libertad de expresión han llamado la atención sobre la delgada línea que separa la censura ruin de la legítima lucha contra la desinformación. Es un debate interesante en un momento que debe garantizar el respeto a los derechos fundamentales que caracteriza a las democracias liberales. Lo malo es que ya nadie disfruta de la credibilidad de antaño, y quienes pretenden enarbolar la antorcha de los valores compartidos a menudo hacen la vista gorda cuando el periodismo basura de su gusto campa a sus anchas en páginas impresas y medios digitales.

Otro hecho curioso es que, de repente, reputados columnistas y opinadores han sufrido lo que Miguel Ángel Aguilar, maestro de periodistas, llamaba “conversiones paulinas”. Algunos colaboradores de estos medios prohibidos han renunciado ahora a seguir colaborando en ellos, cuando las imágenes de Ucrania duelen y la sensación general es la de estar viviendo desde la impotencia una agresión injusta y salvaje. La caída del caballo es bienvenida.

Que la desinformación digital es un problema para la democracia es algo que se sabe desde hace años. Los profesores Raúl Magallón, Juan Pedro Molina y José Manuel Sánchez acaban de publicar un artículo académico que sintetiza muy bien el estado de la cuestión. La desinformación se define como “información verificablemente falsa o engañosa” que, de forma acumulativa “se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población” y “puede causar un perjuicio público”. Para combatirla se puede recurrir a informes parlamentarios, medidas legislativas o portales para reportar ejemplos de desinformación, entre otras medidas. La pregunta es qué hacer cuando triunfan los prejuicios, cuando la honestidad intelectual ha dejado de existir.

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