Contubernios y deslices

Hemos pasado del contubernio judeomásónico a la conspiración de la extrema derecha para explicar la movilización social frente a problemas graves que poco o nada tienen que ver con tal tipo de soflamas.

Todos creíamos que la democracia ayudaría a este país a abandonar esa inveterada costumbre de buscar los males en las oscuridades de siniestras conspiraciones, de enemigos seculares inventados que, en cada época, se convierten en la diana de aquellos que los responsabilizan de las calamidades presentes y les auguran el infierno inmediato. Pero perdamos toda esperanza. Esa tendencia a buscar herejes y colgarles sambenitos, tan tradicional, permanece porque ha calado en, parece ser, una forma de ver la vida, simple, poco racional, pero suficiente para satisfacer al pequeño tirano que llevamos dentro en esta nuestra piel de toro.

Sucede, sin embargo, que esa irrefrenable tendencia a buscar el mal y localizarlo, lleva a cometer errores y no de escasa entidad.

Porque si la huelga de los transportistas tiene su origen en la extrema derecha, obviamente, sería de carácter político, negando cualquier razón a los que la han convocado y siguen las movilizaciones, a los que se acusa, simplemente, de ser correas de transmisión de las instrucciones de aquellos a los que se quiere hacer un cordón sanitario y que no merecen ser oídos.

Claro está que si es política, no se entiende que el gobierno se haya reunido con nadie del sector, sean los convocantes del paro u otros, porque carecería de justificación alguna y solo se habría de tratar como un asunto de pugna política con fines espurios.

Si todas las movilizaciones tuvieran ese origen, acusado y justificado por los comentaristas que refuerzan esta visión del mundo, no es comprensible que el gobierno haya negociado con el sector, les haya concedido algunas de sus peticiones y entendido, al menos, que los problemas existen.

En definitiva, el solo hecho de negociar acredita que existían motivos, legítimos y ciertos. Y si esos motivos existen, avanzando un poco más, se podría llegar a concluir que la acusada extrema derecha tendría razón, de modo que las denuncias gubernamentales pretenderían atacar a quien sostiene un interés justo por el mero hecho de ser lo que es y, a la vez, se estaría pidiendo defender a quien yerra y también, simplemente, por razón de una ideología inmune a toda crítica por representar no se sabe qué. Y perdón por hablar de inmunidad. Ha sido un lapsus.

Obviamente, este tipo de discursos no penetra en la ciudadanía a la que lo que le interesa no es el color o pelaje de quien habla, sino lo que se propone y el bienestar común. No está la sociedad tan politizada, ni es fácil en este siglo que las soflamas inflamen a muchos distintos de los que predican el “prietas las filas”. Las suyas, claro.

El arrebato verbal ha sido de tal intensidad, que la propia Ministra del ramo, consciente del patinazo, ha tenido que reconocer a los manifestantes que el gobierno se refería solo a grupos o grupúsculos muy minoritarios y determinados, no al conjunto de los movilizados. Bien está la disculpa, aunque esta aclaración no es consecuente con los excesos cometidos, siendo la prueba de ello la algarabía de los adictos, los cuales, dejando en evidencia a su propio gobierno, siguen insistiendo en que el origen de todo, de las movilizaciones del transporte, del campo etc…está en la extrema derecha y que los manifestantes eran señoritos a caballo, no trabajadores o autónomos que lo pasan mal.

Todo es mucho más simple o debería serlo. No es razonable dudar, si se quiere ser honesto, de que el precio de los carburantes no es solo consecuencia de la gestión española, que muchos factores que han contribuido a su alza y a la de la energía, provienen de fenómenos ajenos a España y que las posibilidades de enfrentarla tampoco son competencia exclusiva del gobierno. Negar esto es faltar a la verdad. Tampoco creo que nadie, ningún partido, aunque ser oposición es fácil y lleva a la crítica por la propia esencia de las cosas, podría ofrecer soluciones perfectas a un problema de esta entidad. Y digo perfectas, pues más rápidas y eficaces serían posibles, como ha sucedido en otros países de la UE.

Ahora bien, la responsabilidad de ofrecer respuestas es del gobierno, sin esperar apoyos de los que sufren las consecuencias, que tienen derecho a actuaciones urgentes, no palabras o recriminaciones. El gobierno decide y tiene que enfrentar los costes de los problemas sociales, aunque no sea suya la culpa, con responsabilidad y asumiendo el desgaste inevitable de toda crisis.

Este Ejecutivo es débil desde su nacimiento por su falta de homogeneidad y porque sus aliados no son partidos de gobierno, sino grupos que existen por razones muy particulares. Desde nacionalistas ocupados solo en su territorio, a una izquierda simplista y dogmática, perdida en mil reivindicaciones éticas y cuyas anacrónicas proposiciones transitan desde la ineficacia al desastre.

Hasta ahora Sánchez ha ido trampeando la inestabilidad con la llamada cogobernanza y con políticas solo dirigidas a minorías, vistosas, baratas y populistas. Ahora, sin embargo, se encuentra ante un problema que afecta a toda la ciudadanía y lo tiene que hacer sin los apoyos, onerosos, que ha tenido hasta ahora, pues sus soluciones no son válidas para afrontar el presente y el futuro inmediato. Y eso lo sabe perfectamente el presidente.

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