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La Opinión de Málaga

Asencio Mellado

Vuelva usted mañana

José María Asencio Mellado

Catedrático de Derecho Procesal de la UA

Probar, no creer

Un cartel en un espacio público en Palma de Mallorca, con los logos del Ministerio de Igualdad y del Gobierno balear ha causado un terremoto, consecuencia directa de su gravedad. En el mismo aparece una mujer con el brazo en cabestrillo y un juez, varón, que le dice «cómo voy a creer que su marido la maltrata si está viva».

Ante éste, todas las asociaciones judiciales han emitido un duro comunicado, por considerar que el panfleto es escasamente respetuoso con el sistema democrático, con el Poder Judicial y, lo más importante, falso en su representación.

Destaca el comunicado algo que muchas veces se olvida y que el cartel intenta deformar. Y es que tres de cada cuatro jueces de violencia sobre la mujer son mujeres, lo que debería llevar a reflexionar acerca de si el mensaje lanzado, que sitúa esa falta de compromiso con el discurso feminista más radical en la conducta de los varones, yerra en sus planteamientos más elementales. Pues son mujeres, no hombres, las que instruyen los casos de violencia contra la mujer conforme a la ley y una ley de las más avanzadas de Europa a pesar de las constantes quejas y recriminaciones que se lanzan contra nuestro ordenamiento jurídico.

Es falso que la mujer no sea creída cuando comparece ante los tribunales de justicia. Pero es cierto, afortunadamente, que no se la cree por el hecho de ser mujer y sin las cautelas que se establecen para el resto de delitos. Es posible condenar en España con la sola versión de la víctima, si bien se exigen ciertas condiciones cuya finalidad es garantizar su credibilidad y que el denunciante no se mueva por motivos espurios, los cuales, evidentemente, no son privativos de ningún sexo. Creer esto último no parece racionalmente sostenible y menos aún posible de llevar a una ley que sería manifiestamente inconstitucional.

Al Ministerio, no obstante, no le preocupa que una denuncia sea cierta o no, lo que le ha llevado a reconocer la condición de víctima a mujeres cuando su imputación haya sido archivada o la sentencia fuera absolutoria. Para el Ministerio, que cree que la palabra de la mujer es siempre verdadera, la absolución solo es consecuencia de no creer esa verdad indiscutible por razón de sexo. De ahí el cartel financiado y de ahí que se declare la existencia de una víctima aunque el victimario, el autor, haya sido absuelto y que, por tanto, legalmente, no haya víctima ni delito.

El eslogan ya famoso del «yo sí te creo» tiene sentido como eso, como un eslogan, pero su futuro como elemento jurídico, como criterio legal, es un imposible en nuestro sistema constitucional. Establecer una presunción de veracidad por el hecho de ser mujer, que implica otra presunción de falsedad por ser hombre, es constitucionalmente inviable. Y lo saben. Sus consecuencias, además, se traducirían en una inversión de la carga de la prueba en contra del varón, que habría de demostrar que la mujer miente, lo que se opone al derecho a la presunción de inocencia. Todo el sistema constitucional y procesal penal se vendría abajo y tal previsión, con absoluta seguridad, sería rechazada por el Tribunal Constitucional y, en su caso, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

De igual modo, limitar el interrogatorio de la mujer alegando que no se la puede revictimizar, es mucho más complejo de lo que aparece públicamente y de lo que se escribe con cierta ligereza. El derecho de defensa obliga a garantizar que el acusado pueda oponerse a la imputación y no se puede restringir su ejercicio de forma desproporcionada. Es obvio que muchas de las preguntas que se hacen a las mujeres son inapropiadas, pero a tal efecto es el juez el que debe inadmitirlas en cada caso por impertinentes o inútiles, no una norma que establezca que los interrogatorios no pueden referirse a hechos determinados. Y cada caso es distinto de los demás. La defensa es un derecho constitucional, no un privilegio.

Volvemos al mismo punto que antes. Prohibir ciertas preguntas con carácter general exige partir de una presunción de veracidad de la versión de la víctima mujer. Si esta premisa no es válida, se caen el resto de peticiones que se formulan. El límite entre la revictimización y el conocimiento íntegro de los hechos es difícil de concretar y requiere ser analizado en cada caso por el juez. El cuidado con estas reivindicaciones debe ser extremo. Una regla general es, de nuevo, inviable.

La ley del ‘sí es sí’ no va a cambiar nada la situación, por mucho que se argumente lo contrario. El consentimiento tácito es tan válido como el expreso y éste debe deducirse de actos, no de palabras que pueden no pronunciarse y hechos que deberán probarse. Y, se insiste, la declaración de la mujer no tiene valor tasado superior, de modo que no le va a bastar con negar que consintió obligando al acusado a acreditar que no lo hizo. Todo es, cualquiera que sea la ley, cuestión de prueba y es quien acusa el que ha de probar, no quien es acusado.

El sistema jurídico es una garantía, no una rémora. Una cosa es combatir excesos. Otra, bien distinta, es hacerlo con otros de igual o mayor entidad. Trabajar con rigor produce frutos; hacerlo con eslóganes inviables es pura demagogia que no conduce a ningún sitio, aunque sirva para la propaganda y para atacar a quienes se someten a la Constitución y a la ley. El Poder Judicial es una garantía y menospreciarlo es hacerlo a los derechos de todos.

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