Denuncian la influencia de la industria energética en las decisiones de la UE

La industria energética ejerce una influencia excesiva en la toma de decisiones de la Comisión Europea sobre el gas y el petróleo, según denuncia el Observatorio de la Europa Corporativa.

No se puede permitir que la industria de los combustibles fósiles «socave nuestra democracia» y que ello sea además en perjuicio del planeta y de sus habitantes, denuncia esa ONG.

Desde hace décadas, los lobbies del poderoso sector de los hidrocarburos contaminan la política europea en defensa exclusiva de sus intereses crematísticos.

Y esa misma industria que ha contribuido durante años a la dependencia europea del gas, el petróleo y el carbón rusos es la que ahora pretende buscar alternativas a loso mismos.

Y las busca, por un lado, en países con regímenes represivos como son los de Azerbaiyán, Qatar o Arabia Saudí, y, por otro, en Estados Unidos, con el gas de fracturación hidráulica, cuya extracción y posterior transporte por mar hasta Europa resultarán mucho más contaminantes de lo que es ahora el ruso.

Entre 2018 y 2020, la Unión Europea invirtió 4.500 millones de euros en nuevos proyectos de infraestructuras gasistas, y un 90 por ciento de ese dinero fue para miembros de la llamada Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión para el Gas (ENTSO-G, por sus siglas en inglés).

En 2021, las importaciones de gas ruso cubrieron el 40 por ciento del consumo de la UE, un incremento de casi el 50 por ciento con respecto al año 2013, y ello a pesar de la tan criticada anexión rusa de Crimea.

Todo ello volvió a la Unión Europea mucho más vulnerable a los precios del gas, particularmente al del gas licuado en los mercados spot (para su entrega inmediata con pago al contado), que se dispararon.

En Alemania existe el proyecto de construir media docena de nuevas infraestructuras para la recepción del gas licuado procedente del fracking en EEUU.

A ello se sumará la reanudación de los trabajos de construcción del MidCat, el gasoducto que conectará a la Península Ibérica con Francia.

Desde el punto de vista de los ecologistas, todo eso no tiene sentido cuando mediante un importante impulso a la energía solar y eólica, sumado a la eficiencia energética, se podría reducir también en dos tercios las importaciones de gas ruso en los tres próximos años sin necesidad de nuevas infraestructuras.

De ahí que el Observatorio de la Europa Corporativa y otras organizaciones como Amigos de la Tierra, Greenpeace o Global Witness exijan poner fin al «tratamiento preferente» que da Bruselas a la industria energética como se hizo en su día con la del tabaco.

Hay que garantizar, dicen esas oenegés, que las políticas energética y climática europeas tengan en cuenta ante todo el interés general y no antepongan siempre los intereses particulares de esa industria.

Es urgente por ello, argumentan, acabar con las puertas giratorias entre la industria y la política y prohibir, por ejemplo, que los funcionarios puedan ser lobistas durante cinco años tras dejar el cargo o durante diez, en el caso de funcionarios o ministros.

Los lobbies, integrados muchas veces por personas que ocuparon cargos en diversos gobiernos, son responsables del retraso en la transición a las energías renovables y la continuada dependencia del gas ruso, con la que ahora, por razones puramente políticas, se pretende acabar.

Pero ocurre, argumentan los ecologistas, que la industria energética está ahora a favor de la firma de contratos de larga duración, lo que hará que la Unión Europea acabe dependiendo durante años del gas de fracturación hidráulica importado de EEUU.

Por otro lado, denuncia también un grupo de oenegés ecologistas, sesenta de los mayores bancos del mundo han destinado 4,6 billones de dólares desde la firma del acuerdo de París sobre el cambio climático a financiar actividades relacionadas con los hidrocarburos.

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