Opinión | Entre acordes y cadenas

Errejón, presunto culpable

Íñigo Errejón.

Íñigo Errejón.

Y el calvario comenzó un 2 de mayo, en el barrio madrileño de Lavapiés. Íñigo Errejón, presidente de Más País, fue acusado por un vecino de propinarle una patada en plena calle. A partir de ese momento, prensa, radio y televisión fueron implacables. Se celebraron tertulias completas sobre este suceso. Se escupieron sapos y culebras. Y por muchos se dictó sentencia condenatoria. Errejón, sin juicio, fue condenado. Errejón, de un día para otro, se convirtió en la nueva víctima de la inquisición mediática y, como tal, fue quemado en la hoguera.

Así funciona el mundo actual. Cuando la sombra del delito se aproxima a una persona no conocida, todo va bien. Reina el silencio. Es citado por el juzgado, se celebra el juicio y se dicta sentencia, condenatoria o absolutoria. Pero cuando el sospechoso resulta ser alguien conocido, todo cambia. La justicia es lenta. Y por ello, antes incluso de que el asunto llegue a manos del juez de instrucción, la sentencia se ha dictado y se ha ejecutado la pena, que no es otra que el linchamiento público.

Los medios y las redes sociales, por tanto, condenan al inocente y le relegan a la oscuridad. El caso, cualquiera que sea, está claro. No importa que la investigación se componga de miles de documentos, que decenas de testigos tengan que declarar sobre los hechos o que sea necesaria la práctica de pruebas periciales. Esto, dicen algunos, no es más que información suplementaria. Cosas de jueces demasiado abstractas. Formalismos sin trascendencia alguna.

Lo mismo ocurre con los derechos fundamentales. El derecho de defensa, el derecho a ser informado de la acusación, el derecho al silencio del acusado, el derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable. Papel mojado. Meras letras que se suceden para formar palabras vacuas.

Y qué decir del derecho a la presunción de inocencia. Aquel que garantiza que toda persona debe ser considerada inocente hasta que no se declare lo contrario en sentencia dictada en un proceso judicial. Aquel que exige una actividad probatoria en el proceso y que esta prueba se practique en el juicio oral con respeto a los principios de inmediación y contradicción, que sea prueba de cargo y que se desarrolle con todas las garantías, sin vulneración de derechos fundamentales.

Esta es la realidad legal. Los derechos que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos. Las garantías que, años ha, permitieron desterrar el modelo inquisitivo y sustituirlo por el acusatorio, el proceso penal de un Estado democrático y de Derecho.

Pero nada de esto importa. Hoy en día lo realmente relevante es incrementar audiencias y conseguir seguidores. Y si para ello es necesario linchar públicamente a una persona honrada, adelante. Sobre todo, si pertenece al ala ideológica contraria. En estos casos se abre un universo infinito de posibilidades. Una enorme sala de tortura en la que, tertulia tras tertulia, tuit tras tuit, en sucesivos actos de sadismo, se utiliza cada vez un instrumento más doloroso.

No hay límites. En este juego todo vale. No sólo los ataques en el ámbito laboral. Si, además, tengo suerte y puedo introducirme en la vida privada de la víctima, aún mejor. Y si, enlazando farsas y artificios, consigo perjudicarle y acabar con él (o ella, no importa), habré conseguido mi propósito.

Esto, queridos lectores, es lo que le ha sucedido a Íñigo Errejón. Durante un año ha sido insultado, vilipendiado y desprestigiado en determinados medios de comunicación y en las redes sociales. Desde el 3 de mayo de 2021, un día después de sucedidos los hechos, miles de sentencias condenatorias fueron dictadas contra él. ¡Errejón, violento! ¡Errejón, sinvergüenza! ¡Errejón, delincuente! Y demás barbaridades y disparates que no merecen mención alguna.

Todo sin pruebas, sin haberse iniciado la instrucción penal, sin citación ante el juez, sin declaración de testigos, sin visionado de las imágenes grabadas. Sin nada. Errejón fue condenado públicamente sin nada. Y durante un año, ha tenido que soportar lo insoportable. Un calvario de infinitas cruces promovido por quienes no tenían nada más que utilizar contra él.

Para Errejón no existieron los derechos fundamentales. Durante un año, previo al proceso judicial, no tuvo derecho de defensa, no gozó del derecho a la presunción de inocencia. Al contrario, durante un año Errejón fue, sin juicio, declarado culpable.

Y por fin llegó el momento. Un año después. El Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, tras un proceso judicial respetuoso con las garantías que la Constitución y la Ley reconoce a todo acusado, le absolvió. Zanjó de una vez la cuestión. No se pudo probar que Errejón propinara una patada a nadie.

Ahora bien, los insultos siguen ahí, en la red, en las televisiones. Y nadie (o muy pocos) se han retractado. Ojalá llegue el día en que alguien lo haga. O, mejor aún, el día en que las sentencias las dicten los jueces tras la celebración de los juicios, después de practicadas las pruebas con todas las garantías.

Rectificar es de sabios. Espero que quede alguno.

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