Opinión | 360 grados

Solipsismo, soberbia y error de cálculo

Afirmaba el otro día el Gobierno español que Argelia es «un socio sólido y fiable» que siempre ha respetado sus contratos internacionales.

A lo cual habría que contestar que quien no es evidentemente «fiable», en vista de lo sucedido, es el presidente de nuestro Gobierno, el cada vez por desgracia más solipsista Pedro Sánchez.

No ha explicado éste todavía al Parlamento, como es exigible, el porqué del cambio de postura con respecto al Sáhara, que está en el fondo de la actual y gravísima crisis diplomática y comercial con Argel.

¿Por qué tomó su Gobierno postura por Rabat y su propuesta de autonomía para el Sáhara, traicionando así por segunda vez nuestro país a un pueblo que fue colonia española y al que Marruecos, aprovechando la agonía de Franco, invadió ilegalmente, como ha hecho ahora Rusia con Ucrania?

¿Qué garantías ha obtenido el Gobierno de Madrid de esa monarquía feudal de que respetará siempre la soberanía española de Ceuta y Melilla y las aguas territoriales de Canarias? Cabe dudar de que Rabat haya cambiado de posición al respecto.

¿Se trató entonces de una reacción desesperada al chantaje migratorio de la monarquía alauita?, lo cual sería realmente grave. ¿Obedeció al mismo tiempo a presiones de EEUU: importante aliado de Rabat?

¿Se trata de un favor más a Washington con vistas a la próxima celebración en Madrid de la cumbre de la Alianza Atlántica, que estará dominada por el desafío de Rusia y China al orden internacional bajo hegemonía estadounidense?

Inmediatamente, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, sacó a colación las relaciones de Argelia con la Rusia de Vladimir Putin y la Venezuela de Nicolás Maduro, algo que parecía no importar antes.

Argelia, nos guste o no su Gobierno, dominado por el estamento militar, como tampoco nos gusta el régimen feudal marroquí, es una potencia africana, que tiene también aliados en ese continente, y no un pequeño país al que se puede ningunear.

Y Argel acusa, seguramente con toda razón al Gobierno español, aunque nos duela reconocerlo, de haber violado la legalidad internacional al renunciar a sus obligaciones en el marco de la ONU para con el pueblo saharaui como antigua potencia colonial.

Ahora busca desesperadamente Pedro Sánchez el apoyo de la Unión Europea a un movimiento diplomático que adoptó sin contar siquiera con sus aliados de Gobierno y, por supuesto, tampoco con la oposición.

Un torpe movimiento que perjudica gravísimamente tanto al importante comercio de España con ese país como al suministro de gas, del que dependemos en muy importante medida: cerca de la mitad del que llega a nuestro país tiene esa procedencia.

El principal beneficiario será sin duda Italia, cuyo jefe de Gobierno, Mario Draghi, firmó ya en abril, aprovechando la crisis con España, un acuerdo para importar un 50 por ciento más de gas argelino.

Como diría un italiano, a la diplomacia española le falta ‘finezza’: quedó ya demostrado con la crisis con Marruecos a raíz de la admisión en nuestro país del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, para que fuese tratado contra el covid.

Aquello terminó con la destitución de la entonces ministra de Exteriores, Arantxa González Laya. ¿Se verá obligado ahora Sánchez a hacer lo mismo con quien nombró para sustituirla, José Manuel Albares, para no asumir su propia responsabilidad en este desgraciado asunto?

Lo que ha quedado demostrado una vez más en la crisis con Argel es la necesidad imperiosa de que el Gobierno consulte al Parlamento cuando se trata de un viraje de política exterior de tal trascendencia política y económica para el país.

Tan condenable, sin embargo, como la opacidad del Gobierno es la oposición, por principio, del Partido Popular a cualquier medida que pueda adoptar Sánchez, aunque beneficie finalmente a los ciudadanos. ¡Esto no puede seguir así!

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