El «sí» británico a la extradición de Assange amenaza al periodismo independiente

Por fin sucedió lo que muchos sabíamos que pasaría: la ministra del Interior británica, la tory Priti Padel, aprobó este fin de semana la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos.

No está de más recordar que otro Gobierno del Reino Unido, para más inri laborista, rechazó en su día la entrega del golpista, genocida y torturador chileno Augusto Pinochet a la justicia española, que le reclamaba.

El periodista australiano lleva desde 2019 detenido cual peligroso terrorista en una prisión británica de alta seguridad, adonde fue conducido cuando, presionado por Washington, el Gobierno de Lenin Moreno puso fin a su situación de refugiado político en la embajada ecuatoriana en Londres.

Agnes Callamard, de Amnistìa Internacional, dijo a propósito de la decisión británica que autorizar la extradición de Assange que mandaba «un terrible mensaje a los periodistas de todo el mundo».

«Si es finalmente extraditado – sus abogados han anunciado un último recurso ante el Alto Tribunal británico-, Assange se expone a un larguísimo período de confinamiento solitario, lo cual viola la prohibición de tortura y malos tratos», comentó Callamard.

Según ésta, que trabajó antes para Naciones Unidas como experta en derechos humanos, las garantías dadas por EEUU de que, si es finalmente condenado, Assange podrá cumplir su condena en su Australia natal, valen poca cosa dado el historial de la superpotencia.

El editor y periodista independiente tendrá que hacer frente en EEUU a diecisiete acusaciones de espionaje, que pueden suponerle una condena a 175 años de cárcel, por haber publicado en Wikileaks más de 700.000 documentos secretos, muchos de ellos relativos a violaciones de los derechos humanos en las guerras de Irak y Afganistán.

Su esposa, la abogada Stella Assange, de la que tiene dos hijos y con la que se casó en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, declaró, tras conocer la decisión de la ministra del Interior británica, que querían enviarle al país que había intentado asesinarle.

Stella aludía a algunas informaciones según las cuales el exdirector de la CIA y luego secretario de Estado con el presidente Donald Trump, Mike Pompeo, estudió la posibilidad de secuestrar a Assange e incluso darle muerte.

Wikileaks, la organización sin ánimo de lucro que fundó Assange en 2006 en Islandia y que publica en internet informes anónimos y documentos filtrados de interés público, comentó a su vez: «Es un día negro para la libertad de prensa y para la democracia británica».

«Cualquiera que viva en este país al que preocupe la libertad de expresión debería sentir vergüenza», agregó Wikileaks en un comunicado ¡, a la vez que anunció que era sólo el comienzo de una «nueva batalla legal» ante los tribunales así como de nuevas movilizaciones en las calles para evitar la entrega de Assange a EEUU.

Que un país, por poderoso que sea, pueda conseguir la detención en el extranjero de un periodista de otro país por haber denunciado éste gravísimas violaciones de los derechos humanos que la superpotencia había ocultado a su propia opinión pública no deja de ser un fenómeno altamente preocupante.

Y los medios, sobre todo los que se aprovecharon en su día de sus filtraciones, no deberían callar ni tampoco minimizar lo que ocurre, como intentan algunos.

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