Condenados y culpables

Hace pocos días el Tribunal Supremo condenaba a dos expresidentes andaluces del PSOE, Chaves y Griñán, por sendos delitos de prevaricación, los dos y por malversación de caudales públicos, el segundo. Delitos ambos graves y que se incardinan en los llamados delitos de corrupción. Que la sentencia contenga dos votos particulares de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, excelentes juristas, no quita valor a la resolución; los votos particulares son algo ordinario y frecuente, no extraordinario y esos votos no restan eficacia a la sentencia, firme y ejecutiva, ni la deslegitiman. El derecho no es una ciencia exacta, pero tampoco, por su dificultad, puede ser analizado desde la ignorancia jurídica o desde la política interesada.

Al margen, pues, de la opinión de cada cual en un asunto dado, una vez dictada sentencia, ésta representa y es la verdad, teniendo las críticas solo el valor que le concede la crítica académica, ninguno más. Es la sentencia lo que debe imperar y es la sentencia la que califica los hechos y a sus autores, sin que ninguna autoridad pueda prescindir de ella para sus decisiones o para minar sus efectos. Y mucho menos el Poder Ejecutivo en un sistema democrático.

Quien juzga y condena en este país y en todos los países democráticos es el Poder Judicial, no los partidos o el gobierno como sucede en los países autoritarios que parecen ser el modelo que inspira a Sánchez, cuya noción de la división de poderes empieza a dejar de ser una incógnita.

Se trata, sin duda, del mayor caso de corrupción de nuestra historia, pues la malversación de caudales públicos alcanzó los 680 millones de euros, al utilizarse los llamados ERE de modo clientelar y con el fin ilegítimo de crear una red de fidelidades al PSOE y a su gobierno. Y se trata de un delito, el de malversación de caudales públicos, que no exige que quien lo comete se enriquezca, pues lo esencial es el empobrecimiento del erario público, es decir, de todos los que contribuimos con nuestros impuestos y que por ello tenemos derecho a un uso no ilícito de los fondos públicos. Ese es elemento esencial de este delito: el uso de lo común, que no es de quien lo utiliza, para un fin ilegítimo. Que no se enriquezca quien lo comete, no impide que lo haga a otros, vinculados al autor.

Pues bien, nuestro presidente, que ha sobrepasado todas las líneas que anuncian la decadencia del sistema y su demolición controlada, ha formulado una crítica impropia de su posición institucional, devaluando la condena al considerar que los condenados no se beneficiaron del uso ilícito del común, silenciando que se benefició a su partido y a sujetos próximos al mismo y que el PSOE, durante años, acudió a las elecciones con la ventaja que proporcionaba la red clientelar que pagaba con fondos públicos. De igual modo es grave que manifieste que pagan justos por pecadores, atribuyéndose la facultad de determinar quiénes son culpables o inocentes. Poca diferencia con Zapatero, magistrado del Consejo de Estado, que proclamó su admiración por los hoy condenados. Cada cual se siente orgulloso de quien quiere, pero las opciones califican a quien lo hace.

Sánchez, para defenderse y mantenerse, ignora el Código Penal y lanza un mensaje falso a la ciudadanía que, a la par que engaña, manipula, pues el desconocimiento general sobre la ley lleva, inconscientemente, a concluir que la condena ha sido injusta. La ley, para nuestro presidente no existe y no tiene pudor, ni dignidad institucional para formular una crítica que la devalúa y la tuerce. Lo que dice es contrario a la ley y lo sabe.

Quien promovió una ilegitima moción de censura sobre la base de una sentencia jurídicamente discutible y posteriormente rectificada por el tribunal superior, por un asunto mucho menor que éste, no puede cambiar su discurso cuando afecta a su partido; aquellos que se sumaron a aquella moción, tampoco pueden mostrar complacencia y pasividad si quieren mantener algo de la dignidad que esta izquierda está perdiendo a pasos agigantados por su estulticia, ausencia de valores y ambición desmedida.

Sánchez concederá el indulto a Griñán si al final tiene que ingresar en prisión. Curioso acto ejemplificador que escenifica su hipocresía. No ha habido indulto alguno para encarcelados del PP. Pero si Griñán ingresa en prisión por beneficiar al PSOE será indultado por el mismo PSOE que fue el beneficiado. Difícil de comprender.

El indulto en este caso bien podría ser constitutivo de nuevos delitos, pues quien es parte no puede a la vez ser juez. Y menos perdonarse y eludir el deber de devolución de lo obtenido procedente del común para colmar sus propios intereses. Habrá que estudiarlo a fondo.

La corrupción, ese mantra al que tantos acuden imputándola al adversario no interesa, no preocupa. Lo que mueve a partidos y a la prensa ideologizada y subvencionada muchas veces es la imputación al otro, su uso político. De ahí que tenga tan escasa influencia en el voto. Manipular no es tan fácil y la mentira no se puede mantener indefinidamente.

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