El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puede perdonar, si quisiera, al periodista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, pero no lo hace por considerarle solo un espía que reveló crímenes de guerra que debían permanecer secretos.

Biden podría hacerlo con menos dificultades que su predecesor republicano, Donald Trump, pero ya sabemos lo que el ‘establishment’ de su partido, que tanto le ayudó a ganar la nominación demócrata a la presidencia frente al socialista Bernie Sanders, piensa de Assange.

Basta citar a la también exaspirante a la Casa Blanca y ex secretaria de Estado Hillary Clinton, que preguntó a propósito de Assange: «Can´t we just drone him?» (¿Por qué no le mandamos un drone? Como ha hecho tantas veces la superpotencia con sus enemigos. .

El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió a Biden el mes pasado una carta en la que defendía a Assange y reiteraba la oferta de asilo político que ya hizo cuando el Reino Unido aprobó su extradición a EEUU.

En el país que le reclama, Assange, actualmente recluido en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh como un peligroso terrorista y cuyo estado de salud tanto física como mental es preocupante, podría ser condenado a 175 años de cárcel.

Y podría serlo por una ley que data de 1917 y que el Gobierno de Washington ha utilizado siempre contra sus enemigos políticos : socialistas, anarquistas o comunistas como Eugene Debs, Emma Goldman o Julius y Ethel Rosenberg, pero también contra los denunciantes de los abusos del poder como Daniel Ellsberg o Edward Snowden.

Assange, que no tuvo la picardía de refugiarse en otro país como Snowden sino que creyó poder confiar en la justicia británica, se enfrenta en Estados Unidos a dieciocho cargos: desde la revelación de secretos hasta la conspiración para la ciberpiratería.

Lo que más parece indignar a la superpotencia es que Wikileaks revelase, entre otros crímenes, el asesinato de un grupo de civiles iraquíes y dos reporteros de la agencia Reuters desde un helicóptero Apache por militares estadounidenses que actuaron como si se tratara de un videojuego.

La revelación de esos y muchos otros secretos oficiales de la superpotencia hizo que el Gobierno de Washington decidiese perseguir a Assange, pero sin molestar a los grandes medios que publicaron y se beneficiaron de sus filtraciones y que hoy hipócritamente no le defienden como sería de desear.

Assange pasó seis años y medio recluido en la embajada del Ecuador en Londres después de que el presidente de ese país Rafael Correa la concediese asilo político.

El sucesor de Correa, Lenin Moreno, sucumbió, sin embargo, a las presiones de EEUU, le retiró el asilo y permitió su más que vergonzosa detención por la policía británica, que le sacó en volandas de la embajada.

Mientras estuvo en ella, Assange, sus abogados y cuantos le visitaron allí fueron objeto de espionaje por la compañía española Undercover Global, que, aprovechando que estaba encargada de la seguridad de la misión diplomática, instaló micrófonos ocultos y copió la información contenida en los teléfonos que los visitantes tenían que dejar a la entrada.

Esas graves violaciones del secreto profesional y del derecho a la intimidad de Assange y sus visitantes deberían ser suficientes para invalidar el juicio en cualquier democracia.

Por ello, los defensores del australiano, tanto abogados como periodistas que le visitaron en la embajada, han demandado ante un tribunal neoyorquino tanto a la CIA como a su entonces director, Mike Pompeo, por violación de sus derechos constitucionales.

Según la denuncia, Pompeo contrató a Underconver Global y a su fundador, David Morales Guillen, «para obtener ilegalmente información confidencial sobre Assange, sus casos legales y sobre los propios demandantes».