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La Opinión de Málaga

Antonio Papell

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Antonio Papell

Remontada catalana

Manifestacion de la Diada en Barcelona. Manu Mitru

Se cumple estos días un lustro de los preparativos del referéndum del 1 de octubre de 2017, precedido los días 7 y 8 de septiembre por las leyes de desconexión, que representaron el arranque de la ruptura de la legalidad que desembocó en el plebiscito ilegal y en la aplicación del artículo 155CE. Y en la puesta en marcha del procedimiento judicial en el Tribunal Supremo que concluyó con las conocidas sentencias contra los promotores de la fallida intentona.

Las actuaciones de restitución de la legalidad, incluida la vía excepcional del art. 155, contaron con el respaldo conjunto de PP y PSOE, lo que, en estos tiempos de fragor y convulsión, configura una constatación estimulante puesto que significa que la rivalidad política todavía cedió al interés general, algo que actualmente no parece estar garantizado ni siquiera en las eventualidades extraordinarias (conviene destacar que entonces fue el PSOE, en la oposición, el que respaldo generosamente al gobierno de Rajoy).

Lo cierto es que, pese a la incuestionable legitimidad de la Constitución de 1978, votada y refrendada masivamente en Cataluña (y en todo el Estado, por supuesto), un sector soberanista de Cataluña intentó arrancar la independencia por métodos inaceptables. En nuestra Carta Magna, la reforma constitucional está prevista, y solo estos cauces son legítimos.

Los mecanismos del Estado funcionaron correctamente, y el Gobierno de izquierdas que se instaló en el Estado tras la moción de censura de 1 de junio de 2018 contra Rajoy tuvo el acuerdo de indultar a los principales políticos que tramaron y consumaran aquella especie de cuartelada incruenta, que por fortuna se saldó sin víctimas mortales. Aquellos indultos no fueron, como alguno pretendió, una claudicación del Estado ante los revoltosos sino al contrario: con ellos se recalcó la evidencia de que el Estado estaba tan sólidamente asentado que, además de llevar a la cárcel a quienes contravinieron las leyes, estaba en condiciones de ser magnánimo con ellos una vez condenados. Solo Puigdemont, el prófugo, sigue vagando como un trasgo por las instituciones europeas sin encontrar quién le escuche. Ni aquí ni allí.

Todo lo sucedido ha generado reacciones diversas, como es natural. El nacionalismo conservador, el pospujolismo, pilotado más o menos por Puigdemont al principio y hoy con plena autonomía, mantiene firme el vector irracional del soberanismo a toda costa, dentro o fuera de la ley. ERC, por su parte, que es la primera fuerza nacionalista de Cataluña tras las últimas elecciones autonómicas que ganó el PSC-PSOE, ha tamizado lo ocurrido en la criba del sentido común, y sin abandonar sus convicciones soberanistas, parece decidido a someterse a la legalidad. A una legalidad inapelable que admite reformas pero que será defendida por quienes tienen la obligación de preservarla.

A tal fin, se ha abierto un diálogo político entre ERC y el gobierno de coalición, que de momento no ha rendido frutos pero que es valioso en sí mismo y cuya permanencia ha de asegurarse. El soberanismo no está prohibido en una democracia, es obvio, pero, como dijo la Comisión de Venecia a Puigdemont cuando el catalán acudió a solicitar que convalidaran su referéndum ilegal, cualquier consulta ha de ser pactada con las autoridades del Estado y en el marco de la Constitución democrática vigente.

Podría decirse, en fin, que después de la fallida tentativa eufórica de una secesión brusca por vías traumáticas, un sector progresista del soberanismo ha comenzado a dar primacía al vector progresista sobre el irredentismo nacionalista, que nunca fue una ideología de verdadero futuro. ERC se está separando de Junts, que ha perdido el norte (lo sucedido con la expresidenta del Parlament confirma este aserto), y de la CUP, que mantiene objetivos ultramontanos que no caben en la UE. Lo que lleva a pensar que en un futuro no muy lejano, la mayoría política catalana podría estar formada por ERC y por el PSC, que coinciden en casi todo en política general (la colaboración de ERC con el gobierno Sánchez así lo acredita) y que viven del manantial catalanista, que no implica, en el caso del PSC, ninguna tentación soberanista.

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