El cónclave de trabajo interno ha pretendido diseñar el programa electoral del PP con los asuntos más importantes para los conservadores. Asentar los cimientos de lo que será la hoja de ruta en los próximos meses, pensando en las elecciones locales y autonómicas. Les preocupa la economía, la libertad e igualdad, la unidad de España, la «recuperación» de la calidad democrática, el crecimiento verde y los servicios públicos.

¿Les importa mucho la mejora de la justicia social y fiscal? Nuestro país no solo no se ha roto, sino que se ha reforzado a través del diálogo con Cataluña. Cómo les va a importar la ecología si Díaz Ayuso entiende que el cambio climático, como tantas otras perversiones «socialcomunistas», es un invento de la izquierda. ¿Rebajar impuestos a quienes más tienen en el bote es una forma de beneficiar los ingresos del Estado y de favorecer el ejercicio de lo público promoviendo recortes sociales? La excusa es que con las rebajas se atrae o retiene actividad económica. Las grandes fortunas lo celebran. El país empobrece y los beneficios no se difunden. Bien está la inversión que genera empleo, pero sin hurtar miles de millones de recaudación para servicios públicos.

No quieren la creación de un impuesto extraordinario a la banca y las eléctricas, ni respaldan la iniciativa de la Comisión Europea. Unos trabajan para las clases dominantes y otros para la clase media y los que más lo necesitan. En este último sentido no me refiero al presidente de Castilla-La Mancha, que provoca malestar en la dirección del PSOE. No sé si les suena un tal Page por poner un caso.

La defensa de la calidad democrática debe de consistir en venir haciendo todo lo posible para zancadillear, entorpecer y sacar los pies del tiesto constantemente. La Unión Europea ha ido dando la razón a España, y Núñez Feijóo y compañía hacen de las suyas frente a un Gobierno de coalición que recupera fuelle. La democracia también se defiende, al parecer, intentando tapar toda la clase de prácticas corruptas que siguen vinculadas a su partido. Ahí están los nuevos audios de Cospedal con Villarejo y la relación de los principales dirigentes del Ministerio del Interior con comisarios de Policía, entre comienzos de 2012 y finales de 2017 con el PP en el Ejecutivo.

Operaciones ilegales para desacreditar a líderes independentistas catalanes, cosa que se investiga ahora, por si hubo delito, en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Fiscalía y la Cámara Baja. Los montajes contra Podemos, bajo el apoyo de medios de comunicación afines, y el entonces líder del grupo, Pablo Iglesias, o el intento de obstruir la acción de la justicia alterando pruebas que taparan el escándalo de la caja B, cuya sentencia acredita la financiación ilegal del PP durante veinte años. Ni que decir tiene que en el nombre de un supuesto patriotismo inasumible. Buscándose el interés del Partido Popular y el perjuicio de la democracia y de otros.

Vean que se abre una gran causa judicial al aparato corrupto del Estado durante el Gobierno del PP. Los nuevos audios cantan por sí solos. Las pruebas también apuntan «al asturiano» o «al barbas» como conocedor e inductor de sucias maniobras. Fiel al PP, el juez García-Castellón rechaza volver a imputar a Cospedal (lugarteniente de M. Rajoy) por el espionaje al extesorero Bárcenas, en el caso Kitchen, y el robo supuestamente de documentos comprometedores. Eso sí, ordena a las fuerzas de seguridad, porque no tiene más remedio, analizar los «audios de la corrupción». Todo (y más) salpica a la alfombra del aspirante Feijóo en su travesía, sin despeinarse, hacia la Moncloa. Recuérdese que el juez estrella fue corregido por órganos superiores en su caprichosa batalla contra dirigentes de Podemos. Calidad democrática. Ya lo ven.