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Tribuna

Griñán, ¿última palabra?

Tengo escrito, y no es la primera vez, que la sentencia sobre el llamado caso de los ERE padecía de contaminación política desde el mismo inicio de la instrucción. Ahora, tras conocer el fallo, con dos magistradas del Tribunal Supremo discrepando de forma rotunda de los tres jueces que sí sostienen la pena contra cinco de los encausados por delito de malversación, el más destacado de ellos, el expresidente Griñán, me reafirmo en ello. No creo en los justicieros políticos, como tampoco en quienes alardean de una sentencia que pone en evidencia que, sin pruebas, la sostienen políticamente a la caza de rentabilidad social y política. A tenor de lo que se sabe y dicho por la defensa de Griñán y por no pocos juristas cabe recurso ante el Constitucional porque, entre otros motivos, el voto particular contrario a la sentencia de las dos magistradas del Supremo, avalan esta posibilidad e incluso con la razonada creencia, como expone el catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, de que hay serias dudas sobre la argumentación jurídica que certifica la condena.

No es necesario ser experto en derecho ni haber hecho un máster sobre corrupción para afirmar, como opinan no pocos juristas y hasta magistrados del Supremo, que una vez conocida la sentencia, hay más dudas que certezas, con la seguridad de que no hay pruebas que certifiquen e incriminen de malversación al expresidente Griñán y demás condenados por este delito. La contaminación política, como tiene dicho la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López Marín, es manifiesta. Se desmonta, además, si se lee con detenimiento lo expresado por el voto disidente, que no se sostiene el reiterado cacareo de los máximos dirigentes del Partido Popular, tanto a nivel andaluz, como nacional, al afirmar que se alinean con la posición de los magistrados que sí entienden que el procedimiento para las ayudas de empresas en crisis se hizo para «evitar todo control administrativo» y «al margen de toda legalidad». Según los datos de que se disponen el fondo estaba dotado de 680 millones, de los que tan sólo una pequeña parte, alrededor del 10% se concedió de forma fraudulenta. ¿Por qué la Junta, controlada ahora por el PP, sigue abonando las partidas de los ERE y así hasta el año 2025? ¿Saben ustedes cuántas familias que de forma honrada pudieron acceder a unas ayudas que de no haberlas obtenido hubieran convertido sus vidas en un infierno? Que hubo putañeros y cocainómanos, nadie lo duda. La derecha y la derecha más extrema tienen el derecho y la obligación de regodearse en este hecho por ser muy llamativo.

Tampoco será preciso recurrir a señalar acreditadas posiciones políticas que tienen denunciado quienes aseguran que quien fuera presidenta de la Comunidad madrileña, Esperanza Aguirre, no tuviera el más mínimo conocimiento de la manifiesta corrupción, con enriquecimiento personal, en la que estaban incurriendo sus más allegados colaboradores, como afirma Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta, quien añade: «… mientras que Chaves y Griñán deberían haber estado al tanto de las triquiñuelas que se cometieron con el subsidio por despido de algunos trabajadores y de empresas en crisis; los magistrados sabrán por qué la Justicia es a veces tan injusta, tan diferente y tan de colores».

Dicho lo cual, me queda bajar al terreno personal, con vidas personales arruinadas de por vida, con acusaciones que no se sostienen y, sobre todo, ante el hecho comprobado de la ‘carnaza’ que la derecha ha encontrado en el caso de los ERE, mejor forma de tapar sus acreditadas, judicialmente también, sus corruptelas de campeonato que llegaron a costarle hasta la presidencia al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y lo que queda por venir. Sigo pensando y afirmo por conocer a parte de los sentenciados que es impensable que los dos principales actores, si bien el expresidente Chaves no ha sido condenado por malversación, conocieran y estuvieran al tanto de los engaños y triquiñuelas que algunos desalmados utilizaron en la negociación con la Administración. Me resisto a pensar que si Chaves y Griñán hubieran conocido las tropelías cometidas no hubieran actuado de inmediato, cortando de raíz todo el proceso. José Antonio Griñán, como otros condenados por malversación, puede terminar en la trena por el fraude cometido por alguno de sus subalternos, culpados penalmente por un delito que no cometieron y que era imposible que estuvieran al tanto de ello y llegaran a conocer.

Queda el recurso al Tribunal Supremo, razones hay suficientes para recusar la sentencia, conocida de forma anómala, y porque será preciso dilucidar y probar si la connivencia de los sentenciados por malversación es manifiesta y clara. No me resisto a dejar de publicar lo dicho por Rodríguez Ybarra: «… No creo que ningún magistrado del Tribunal Supremo fuera a la cárcel si un secretario de su sección cometiera un fraude en connivencia con una mafia que condujera a la libertad de un miembro de esa mafia procesado por delitos de sangre o por estafas continuadas. Como es lógico, alegarían desconocimiento e imposibilidad de conocer la desviación de su subordinado».

En esa estamos. Y no tengo duda alguna, porque así lo vengo sosteniendo, de poner la mano sobre el fuego por la honorabilidad, honestidad y respeto por dos servidores de lo público que transformaron a Andalucía. He dicho.

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