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Inmaculada Sánchez Allende

Tribuna

Inmaculada Sánchez Allende

Secretaria de Política Social y Migraciones de CCOO Málaga

Dependencia de calidad, residencias dignas y suficientes

Una mujer mayor, en una residencia.

Que la población envejece es una realidad constatable. La proyección de Tasa de Dependencia para el año 2035 será del 60% en la provincia de Málaga, 8 puntos por encima de la tasa actual del 52,04%. El aumento de la esperanza de vida, la disminución de la natalidad y las cifras en los flujos migratorios son consecuencia directa de que casi el 18% de la población en nuestra provincia sea mayor de 64 años.

Los cuidados socio sanitarios vienen siendo, desde hace años, el sector económico donde ponen su mirada las empresas privadas. Un ejemplo de ello es la externalización de la atención a la dependencia que desde hace tiempo viene haciéndose en muchos ayuntamientos. Sin embargo, la privatización de servicios no es garantía ni de calidad para las personas usuarias, ni tampoco para las personas trabajadoras. Hay que recordar que es un sector mayoritariamente feminizado y tiene una alta parcialidad en la contratación.

Si a todo esto le sumamos las deficiencias en la gestión de la tramitación de expedientes administrativos para las solicitudes de dependencia, nos encontramos que a nivel autonómico, la Consejería de la Junta de Andalucía, encabeza el ranking, por detrás de Canarias, de mayor tiempos medios de espera desde que una persona solicita la Dependencia hasta la resolución de la concesión de una prestación de servicio, 544 días, muy lejos de los 180 días que establece la ley.

Debe de ser desesperante para una familia y para la propia persona que solicita la dependencia, cuando su situación física le impide realizar con normalidad las tareas cotidianas, tener que esperar casi dos años para que la Administración resuelva, más si cabe, cuando muchas de estas personas necesitan directamente una plaza residencial. Como dato importante, quisiera destacar que un total de 5.721 personas con dependencia fallecieron en la provincia de Málaga en el 2021 sin haber recibido ninguna prestación de servicio.

El Ministerio de Derechos Sociales con Ione Belarra a la cabeza y las comunidades autónomas aprobaron en junio de 2022 un Acuerdo para mejorar las condiciones, la calidad de las residencias de mayores y las residencias para personas con discapacidad, con un objetivo: Dar prioridad a la dignidad de las personas ingresadas y aumentar la calidad de vida de las personas residentes, poniendo fin al actual modelo de macro residencias. El Gobierno de la Junta de Andalucía votó en contra aludiendo a cuestiones económicas y de financiación. Por cierto, Málaga es la provincia de España que menos plazas residenciales públicas tiene, con datos oficiales de los que disponemos a septiembre del 2020.

Sólo el 15,0% de las plazas residenciales son públicas, 1.130 en total. Este es el ejemplo más claro de la apuesta de este Gobierno autonómico por la gestión pública de los servicios. Teniendo en cuenta la ratio que establece la OMS, (5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años). Málaga está lejos de cumplirla, nos faltarían 7.512 plazas residenciales para llegar a cubrir las necesidades de nuestros mayores.

Otro dato que nos preocupa en CCOO de Málaga tiene que ver con el modelo de residencias: En Málaga, el 53,5% de las plazas residenciales existentes se concentran en aquellas residencias con capacidad para más de 100 plazas. Es necesario cambiar la filosofía de las residencias de mayores. Las residencias deben de ser una proyección del hogar, tienen que ser espacios amables, que generen confianza para los residentes y para sus familiares, espacios cercanos, sociables. En definitiva, que la distancia entre su hogar del que provienen y la residencia, sea una distancia lo suficientemente pequeña como para vivir la última etapa de su vida con dignidad.

Desde CCOO Málaga, con motivo del recién celebrado Día Internacional de las Personas Mayores, decimos que hay que reflotar el cuarto pilar del Estado de Bienestar, la Dependencia, que dignifique y que garantice las condiciones de vida y el derecho a unos servicios públicos de calidad para nuestros mayores, y para ello es necesario revertir las externalizaciones y apostar por los servicios de gestión pública.

Es imprescindible incrementar la cobertura y la intensidad en el servicio a la atención a la dependencia para dar calidad a las personas usuarias en el servicio de atención a domicilio y para ofrecer también calidad de empleo en la contratación de las trabajadoras de ayuda a domicilio.

No nos podemos olvidar de la promoción de la salud, políticas públicas que garanticen el envejecimiento activo de nuestros mayores. Para ello, es necesario incrementar las partidas de financiación tanto a la dependencia como a la sanidad pública en Andalucía, imprescindible la sinergia con la sanidad en atención primaria.

Dependencia de calidad, residencias dignas y suficientes es lo que necesitan nuestros mayores.

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