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Inmaculada Sánchez

TRIBUNA

Inmaculada Sánchez

Secretaria de Política Social y Migraciones de CCOO de Málaga

Dependencia, ayuda a domicilio: El viacrucis de las trabajadoras

Los necesarios cambios en el ámbito de los cuidados, fundamentados por la evolución a nivel social, demográfico y el aumento en la esperanza de vida, abrieron el debate político y la revisión del Pacto de Toledo de 2003 que propuso configurar un sistema integrado que abordara el fenómeno de la dependencia y quedara definido el papel que debía jugar el sistema de protección social en su conjunto.

Hoy queremos recordar que fue CCOO quien impulsó este derecho subjetivo a la persona con dependencia, presentando al Gobierno central el Libro Blanco de la Dependencia, que se guardó en un cajón hasta que el Gobierno del PSOE, con Rodríguez Zapatero, lo transformó en derecho subjetivo de la persona y después en ley, con la aprobación de la Ley de Dependencia en el año 2006.

El sistema de financiación a la Dependencia está basado en tres niveles de protección: Nivel Mínimo, abonado íntegramente por la Administración General del Estado (AGE); Nivel Acordado, basado en la celebración de los correspondientes convenios de colaboración entre la AGE y las Comunidades Autónomas (CCAA), para lo que se crea el SAAD como organismo de coordinación entre el Estado y las CCAA; y por último, el Nivel Adicional, de competencia exclusiva a nivel autonómico.

Los niveles dos y tres hacen difuminar el principio de equidad del que se sustenta esta Ley de Dependencia por las desigualdades que se crean entre las propias comunidades autónomas.

La radiografía de la dependencia por comunidad presenta 17 realidades bien distintas. Así, mientras que el País Vasco invierte en dependencia por habitante 2.310 euros, por delante de Extremadura con 1.774 euros y Navarra con 1.500 euros, Andalucía lo hace con 1.380 euros, situándose por debajo del gasto medio nacional, datos del 2020.

En cuanto al peso de la financiación autonómica sobre el gasto anual en dependencia en 2020, el País Vasco financia con un 91%, la que más peso tiene frente a las tres CCAA que soportan menos peso en la financiación, Castilla León y Andalucía con un 80% y colocándose a la cola, Galicia con un 76%.

El gasto medio por persona beneficiaria revela la calidad del servicio prestado a las personas dependientes y también el compromiso social para con las personas trabajadoras que prestan los servicios en atención a la dependencia. El País Vasco lidera la primera posición con 12.480 euros y a la cola se encuentra Andalucía con 6.251 euros.

En Málaga, de las 40.717 resoluciones de Programa Individual de Atención (PIA), 18.948 son para prestaciones de ayuda a domicilio, un servicio que constituye un conjunto de actuaciones preventivas, formativas, y rehabilitadoras llevadas a cabo por profesionales cualificados. Dentro de estas actuaciones, hay un sinfín de actuaciones relacionadas con la alimentación, el vestido, el mantenimiento de la vivienda, la higiene personal, la ingesta, movilidad, cuidados especiales y ayuda en la vida familiar y social. Pero, ¿cómo es posible dar cobertura a este abanico de actuaciones teniendo en cuenta las intensidades (horas/mes) que establece la Ley para cada uno de los Grados? Grado I, de 10 a 20 h/mes. Grado II (dependencia severa), de 21 a 45 h/mes y Grado III (gran dependencia), de 46 a 70 h/mes.

Los recortes del Gobierno del PP en 2013 precarizaron la calidad del servicio bajando en más de un 24% la intensidad del servicio de ayuda a domicilio. Si a esto le añadimos que es un servicio mayoritariamente privatizado y, que el precio/hora que fija la Junta de Andalucía para que las empresas adjudicatarias presten el servicio está en 14,60 euros, la influencia sobre las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras es más que evidente: sector feminizado, altísima tasa de parcialidad, jornadas partidas con pausas largas que impide a las trabajadoras conciliar la vida laboral y familiar, gastos extraordinarios derivados de los traslados en coche en zonas rurales principalmente.

La Audiencia Nacional ha reconocido el derecho a un incremento salarial del 6,5% para las trabajadoras de la dependencia, pero dicho aumento no está siendo abonado por todas las empresas andaluzas. Tampoco están abonando los atrasos desde enero de este año por lo que la pérdida de poder adquisitivo es acumulable después de dos años sin subida salarial.

Desde CCOO decimos que la Junta de Andalucía tiene, necesariamente que contemplar una subida a 25 euros el precio hora para que haya márgenes suficientes que garanticen la calidad del servicio y que dignifique las condiciones laborales de este colectivo que desempeña un trabajo esencial. Es imprescindible que las licitaciones sean dinámicas, adaptadas cada año a la subida generalizada de costes e incorporando la subida del IPC en las cláusulas de los contratos.

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