La perversión de los ciclos

Los gobiernos democráticos, elegidos para un periodo determinado –generalmente un cuatrienio o un quinquenio- desarrollan su programa conforme a unas reglas bien conocidas: al principio, endosan al país las reformas más impopulares, las que más costo político tienen. En cambio, en la segunda mitad del mandato emprenden una carrera por la popularidad que les proporcione elementos positivos para lograr la reelección. Se demoran los sacrificios y se intensifican las dádivas.

La democracia española no es, naturalmente, una excepción, y ahora nos encontramos a seis meses justos de las elecciones autonómicas y municipales de mayo y a un año de las generales; toca, por tanto, arrinconar los sacrificios y entregar a la sociedad reformas y propuestas amables y benéficas.

Sucede sin embargo que este gobierno de coalición no ha encontrado el momento oportuno para determinadas decisiones impopulares que son inexorables porque las hemos pactado con Bruselas. Las leyes de familia, vivienda, trata, etc. son polémicas pero el consenso es relativamente fácil ya que solo depende de la voluntad; más difícil será acordar la segunda reforma de la seguridad Social –que extenderá el plazo de cálculo de la pensión a los 30 años-; la reforma fiscal que debería realizarse en el primer trimestre de 2023 para aproximar el sistema a los promedios europeos (la presión fiscal en España está unos siete puntos por debajo de la media); la ley de vivienda, hoy paralizada, y la norma que regule el pago por uso de las autopistas (la euroviñeta)… El asunto no es banal porque, de no tomar estas medidas, España podría perder unos 70.000 millones de fondos europeos hasta 2026. No nos lo podemos permitir.

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