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Ramón Punset

EL ESPÍRITU DE LAS LEYES

Ramón Punset

Catedrático emérito de Derecho Constitucional

Lo que nos une: el estado social

Créanme ustedes, a pesar de las apariencias y el mucho ruido mediático, los españoles no nos llevamos tan mal. Los aspavientos y sofocos que tienen lugar en el reñidero parlamentario, por ejemplo, son una comedia bufa, no una tragedia de la Antigüedad griega o del maestro Shakespeare. Los actores son mediocres, es verdad, pero los exabruptos de Irene Montero o de los hirsutos diputados de Vox, los ademanes perdonavidas y chulescos de Gabriel Rufián («¡el voto de ERC se suda!»), los acentos melodramáticos de Edmundo Bal a punto de mesarse los cabellos, las escandaleras de Cuca Gamarra o el hieratismo ofendido y olímpico de Pedro Sánchez no tendrían que confundirnos o descorazonarnos. Calma y a lo que importa, o como decía Ortega y Gasset: «¡españoles, a las cosas!», o sea, a las realizaciones materiales que verdaderamente son esenciales y nos vertebran como país.

En efecto, en tiempos de tanta polarización política vocinglera (pura sobreactuación preelectoral a la conquista del cocido, en realidad), tendemos a olvidar lo que verdaderamente nos une como sociedad moderna regida constitucionalmente. Se trata de aquello que, más allá de la lucha partidista, consideramos todos irrenunciable como parte integrante del Estado social, es decir, de la intervención estatal correctora de las desigualdades sociales: un núcleo más o menos intangible de conquistas históricas, un mínimo común denominador que articula nuestra convivencia de seres humanos dotados, cada uno, de inviolable dignidad personal. Ciertamente, qué es en cada caso lo cabalmente nuclear y qué lo accesorio del también llamado «Estado del Bienestar» o «Welfare State», puede resultar objeto de debate político, pero, siguiendo las directrices constitucionales, creo que los bienes y servicios públicos a que me voy a referir tienen un contenido esencial discernible e insoslayable. Repasemos sumariamente tres logros capitales.

1) Ante todo, una sanidad pública universal tributariamente financiada. Desde luego, existe también, legítimamente, una sanidad privada a disposición de quienes, a través de mutualidades o directamente, puedan y quieran acudir a ella. Nada impide además que en determinados sectores y especialidades haya conciertos público-privados. La cartera de prestaciones de la sanidad pública no es hoy completa (baste pensar en la atención odontológica integral, entre otras importantes carencias), pero a mi juicio debe tender a serlo, y sin duda cabe aquí un margen de disputa política sobre la mayor o menor variedad y cobertura de las prestaciones. También es posible sustentar opiniones distintas acerca del grado de cofinanciación por parte de los usuarios de las medicinas prescritas, así como del acomodo de la financiación o cofinanciación a los distintos niveles de renta personal y familiar. Parece, desde luego, evidente que la mayor dotación de medios personales y materiales a la sanidad pública presenta connotaciones ideológicas y partidistas, decantándose los partidos de izquierda por una mejor financiación y, en consecuencia, por una presión fiscal más alta. Tanto la Gran Recesión iniciada en 2008 como la pandemia de Covid-19 han desbordado, hasta extremos rayanos en lo insostenible, la capacidad tecnológica y profesional del sistema sanitario público. Pocos desafíos revisten actualmente la trascendencia de este, fundamental para la efectividad del «derecho a la protección de la salud» que la Constitución reconoce (art. 43.1).

2) En segundo lugar, un sistema público de pensiones de jubilación, que, según la Constitución, deben ser «adecuadas y periódicamente actualizadas» para asegurar «la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad» (art. 50). Es claro que ningún partido rechaza las pensiones públicas. Cosa distinta es que su obligada actualización constituya una prioridad absoluta de la política económica en cualquier coyuntura o que un programa político conservador propenda a estimular los fondos privados de pensiones que operen, al menos, con carácter complementario de las concedidas por el Estado. Nuevamente nos hallamos ante una controversia de tintes ideológicos. Indudablemente, las pensiones públicas están constitucionalizadas en los términos antedichos (han de ser adecuadas, actualizadas y suficientes), y suponen, por tanto, una obligación indeclinable del Estado, al que nada impide, sin embargo, dispensar un razonable trato fiscal a las pensiones privadas. Como resulta obvio, los estrictos mandatos constitucionales pueden quedarse en un puro «flatus vocis» si la coyuntura económica (inflación desbocada, elevados intereses de la deuda pública y desbordamiento de las dimensiones de la misma con relación al PIB, etc.) hace imposible su cumplimiento.

3) Por último, un derecho a la educación ampliamente garantizado, empezando por una enseñanza básica obligatoria y gratuita. Se aducirá que, hombre, la educación es precisamente uno de los temas políticos más conflictivos, al punto de que cada Gobierno hace aprobar una legislación educativa diferente según sea su color ideológico. Vale, concedido, como igualmente que la enseñanza pública necesita más recursos económicos y de personal. Ahora bien, la cobertura poblacional de la enseñanza, sumando la pública y la privada concertada, es formidable. Así, pues, no nos lamentemos tanto. Hay quien, desde la izquierda, anhela el viejo modelo francés de escuela pública única y laica (que ha sido incapaz de integrar la diversidad multicultural de la Francia actual), como hay quien, desde la arriscada derecha neoliberal y madrileña, quisiera privatizarlo todo y que el sistema educativo, mediante el cheque escolar, arrinconara a la enseñanza pública. Pero dejémonos de fantasías y prosigamos desarrollando el modelo equilibrado reconocido en la Constitución. No conozco un precepto más rico de aciertos y de matices que el artículo 27 del texto constitucional.

Tenemos que aprender a valorar mejor aquello que los españoles hemos conseguido juntos: las realizaciones del Estado social proclamado en 1978. Muy pocos países se nos pueden comparar, y dos o tres, a lo sumo, los que nos pueden superar.

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