Liberación de la justicia

El pasado miércoles, 7 de diciembre, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo explicó paladinamente, sin el menor rubor, su definitivo argumento para mantener el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que acaba de cumplir cuatro años: el PP mantiene dicho bloqueo para «proteger el poder judicial» de la amenaza de Pedro Sánchez, ya que el Gobierno quiere «controlar la justicia y politizarla».

Sin ánimo de recurrir a las palabras gruesas para modular los hechos, es bien evidente que esta descarada negativa equivale en todo y por todo a la que pudiera plantear un presidente del gobierno a la hora de convocar o no las preceptivas elecciones cada cuatro años: según la tesis de Feijóo, cabría que no lo hiciera porque, con mayor o menor fundamento, temiese que una victoria del antagonista deteriorase el sistema político que la Constitución establece. Si a esto le llamáramos golpe de estado, deberíamos referirnos a aquello en términos muy parecidos.

Este bloqueo ha permitido ciertas constataciones, y entre ellas la de que un sector de la judicatura está no solo claramente politizado -estarlo no es un demérito en una democracia de libertades- sino dispuesto a alinear su desempeño profesional a tal lealtad ideológica. En los órganos colegiados, como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional (que no es poder judicial pero que está formado por juristas) ya es normal hablar de miembros «conservadores» y «progresistas», que actúan normalmente en bloque, no solo en los asuntos administrativos y de gestión sino también en un número cada vez mayor de sentencias dictadas por tribunales colegiados.

Los hechos, que deben prevalecer sobre las palabras como es común en el derecho procesal, acreditan en fin que el bloqueo es una decisión política de la derecha, avalada por una parte del colectivo judicial seguramente mayoritario si hay que creer en las declaraciones de los propios magistrados (los ‘progresistas’ afiliados a sus asociaciones judiciales son muchos menos que los ‘conservadores’ a las suyas). Y es lógico que la mayoría política que gobierna legítimamente en este país (si hay alguien que piense realmente que esta legitimidad no es tal se encuentra fuera del sistema) se defienda de la agresión que la legalidad sufre con el referido bloqueo, que del CGPJ ha pasado también al TC.

La reforma en curso de la ley 2/1979 del Tribunal Constitucional pretende forzar la designación por el CGPJ de sus dos representantes en dicho Tribunal, que se unirán a los dos designados por el Gobierno y que cambiarán el equilibro interno del TC, no por capricho sino porque este organismo debe ajustarse periódicamente a la evolución del Parlamento, según expresa con meridiana claridad la Carta Magna. Por ello, la reforma prevé que si, pasados tres meses de negociación, la mayoría de tres quintos necesarios del pleno del CGPJ no consigue ponerse de acuerdo, bastará una mayoría simple de los votos para que salgan elegidos sus dos candidatos para renovar el Constitucional, sin que sea necesario quórum alguno para aprobar los nombramientos; de esta manera, los vocales del CGPJ presentes en el pleno dispuestos a votar (ante la eventualidad de que los 10 conservadores actuales no comparezcan para perpetuar el bloqueo) estarán facultados para escoger a los nuevos miembros del Constitucional (uno por los conservadores y otro por los progresistas). Además, la reforma dispondrá que el incumplimiento de esa obligación por parte de los vocales, como servidores públicos que son, puede comportar un delito de desobediencia o de prevaricación por omisión.

Nadie se puede sentir dañado porque el Gobierno impulse el cumplimiento de las previsiones constitucionales en lo que tienen de explícitas y concretas. Y el siguiente paso habrá de referirse, evidentemente, al propio Consejo General del Poder Judicial: será lógico proponer que, de la misma manera, si transcurridos tres meses sin que la negociación intraparlamentaria logre la mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado para elegir a los doce representantes de la judicatura que formalizarán la renovación, la designación se realizará por mayoría absoluta. No es lo más deseable pero desde luego es preferible a la situación actual.

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