La reforma judicial pendiente

Se ha recordado estos días que, puesto que la ley orgánica 3/2014 de 18 de junio, «por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón», olvidó disponer la situación jurídica en que quedaba el propio exrey tras su renuncia, Mariano Rajoy refrendó poco después otra ley orgánica, la 4/2014 de 11 de julio, «complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial», en la que se aprovechaba para incluir, de refilón y sin venir a cuento, el aforamiento de «la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte».

Si se consideró válido el utilizar la percha de una ley cualquiera en trámite para resolver un asunto tan arduo como la situación jurídica de la Familia Real, tendrá el Tribunal Constitucional dificultades añadidas para justificar su prepotente decisión de hostigar al Parlamento por una cuestión formal prácticamente idéntica. Lo cierto es que la mayoría del TC que ordenó el dislate, después de negarse dos de sus miembros a aceptar una recusación ‘de libro’, demuestra con su actuación que un sector de la judicatura está en ella no para servir humildemente al ciudadano, como un funcionario distinguido más, sino para hacer política y arañar por tanto jirones de poder. Ese sector conservador está estimulado por los partidos afines, que estiman que existen lazos ‘naturales’ entre el rancio conservadurismo y una corporación que tiene entre sus funciones la preservación del orden y la represión de los desmanes. Por fortuna, hay otra clase de magistrados que no encajan en esta descripción y que, ellos también, han contribuido generosamente a la modernización de este país.

Dicho esto, es claro que no se puede consentir que el encastillamiento del sector reaccionario judicial, animado y estimulado por PP, Vox y los últimos rescoldos de Ciudadanos, consiga un bloqueo permanente de las instituciones judiciales para evitar que se acomoden a la evolución política del país. Siempre el PP se ha resistido a renunciar a su hegemonía en el poder judicial, pero esta vez ha ido demasiado lejos y resultaría muy arriesgado para el régimen no poner coto al desvío cuando todavía es posible hacerlo.

Así las cosas, lo lógico es que el Gobierno y sus socios conviertan cuanto antes en proyecto de ley las reformas canceladas del TC y del CGPJ para asegurar que el TC va a adaptarse periódicamente a la matemática electoral del país, lo que facilitará el afianzamiento de las reformas legislativas conforme a la voluntad general emanada de las urnas.

El numantinismo demostrado por el sector conservador de la judicatura hace impensable ceder a su deseo de que «los jueces elijan a los jueces» por una razón muy obvia: los órganos colegiados del poder judicial y el TC –que no es propiamente poder judicial- no tienen que ajustarse al abanico ideológico de la judicatura sino al abanico ideológico del país en su conjunto. Y ese abanico evoluciona con el tiempo, a otro ritmo distinto del otro.

En consecuencia, no hay hoy más remedio que reformar la LOPJ para que los doce miembros del CGPJ de procedencia judicial sean designados por el Congreso y por el Senado por mayoría cualificada de tres quintos entre los candidatos propuestos por las asociaciones judiciales o individualmente con una serie de avales… y si en el plazo de tres meses no se hubiera conseguido la designación, esta se produciría por mayoría absoluta.

Esta ley, que puede elaborarse en vía de urgencia durante 2023, promovería la renovación aunque no agradase al Consejo de Europa (no confundir con el Consejo Europeo), podría después perfeccionarse mediante la búsqueda bien intencionada de un gran acuerdo político y judicial, que no se obtendrá de otra manera. Pero la actualización del poder judicial no puede esperar más. La experiencia demuestra que, en este país, la derecha no es generosa por lo que hay que ir hacia técnicas escrupulosas de reparto tasado del poder y de la influencia no en busca de alguna clase de magnanimidad.

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