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EL MUNDO POR DENTRO

Antonio Balibrea

Sociólogo y periodista

Reales Navidades reales

Felipe VI pronuncia su discurso de Nochebuena Ballesteros

Un viejo amigo viejo comentándome el artículo de la semana pasada ‘El búnker judicial contra la soberanía popular’ en éstas mismas páginas me dijo que se me había olvidado el artículo 56 ‘El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de seguridad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones’. Y reclamaba su intervención en el conflicto entre el Ejecutivo y el Judicial en el campo del Legislativo. En conclusión, mi amigo decía que el rey debería intervenir para solventar ese conflicto que enfrenta al Consejo General del Poder Judicial y al Constitucional con el Ejecutivo. El problema que yo veía es que el rey «es inviolable y no está sujeto a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo». Vamos que los responsables de la actuación y propuestas del Rey, Felipe VI, en la actualidad, es el presidente o los ministros a quienes corresponda el refrendo de los actos y actuaciones correspondientes. En definitiva, que el rey es ‘palomita’ en política.

La respuesta de mi amigo iba más con su estilo que con su título de Derecho: «Alguna vez tenía que decir algo para eso le pagamos». «Si es el Jefe del Estado, tiene que ganárselo y mojarse. En este caso no porque se juegue su reputación, porque la derecha va a querer siempre a la Corona, se juega su papel en la izquierda. Lo único que tiene que decir es que se cumpla la Constitución por los distintos poderes del estado». «Lo peor para la Corona es que la gente perciba que no sirve para nada». Concluía mi amigo, cuya argumentación asumo plenamente.

La propuesta es arriesgada, aunque tiene un precedente notable en el discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017. Tras la aprobación el 6 de septiembre de «la ley catalana del referéndum vinculante» que fue suspendida al día siguiente por el Tribunal Constitucional. El 1 de octubre se celebró, de aquella manera, el llamado referéndum. Mariano Rajoy entonces presidente del Gobierno se reunió con todos los líderes de la oposición y con el rey acordando el famoso discurso del rey Felipe VI. El día 10 de octubre Puigdemont proclamó la independencia, suspendida por el Constitucional el 31 y posteriormente anulada el 8 de noviembre. El día 27 se aplicó el artículo 155 y se suspendió la autonomía en Cataluña por acuerdo del PP y el PSOE, en las Cortes Generales.

El discurso de Felipe VI el 3 de octubre fue muy duro con las actuaciones independentistas decía «desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía»... «con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado»…. «han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho», y terminó subrayando «una vez más el firme compromiso de la Corona con la Constitución y la democracia». El discurso supuso un alto coste político para la Corona, al menos en Cataluña, a pesar de que la responsabilidad política en este caso, con arreglo al Art. 64 de la Constitución, era del presidente del Gobierno; y también la asumió el líder de la oposición.

El Jefe del Estado, como «símbolo de seguridad y permanencia», le corresponde arbitrar y moderar «el funcionamiento regular de las instituciones». El nacionalismo españolista es, sin duda, tanto o más dogmático, que ya es decir, que el nacionalismo catalán. Si Felipe VI interviene en el conflicto entre los poderes del Estado arriesga más que cuando intervino en Cataluña; porque el conflicto entre los poderes del Estado enmascara la utilización que el PP hace atrincherado en el judicial frente, al ejecutivo y legislativo, donde está en minoría. En la actuación en Cataluña el PSOE apoyo incondicionalmente al presidente Rajoy incluso en la aprobación del artículo 155, lo que supuso un alto coste político, pero ahora es difícil que el PP respalde nada que suponga perder la momificada mayoría que tiene en el poder judicial.

La Corona arriesga más pero también la Corona puedes salir más beneficiada, dando un contenido más sustancial a su papel en la Constitución, y granjeándose las simpatías, al menos, de los votantes de izquierda y nacionalistas; por contra, perderá el apoyo, si alguna vez lo tuvo, del partido de la derecha extrema. Aunque en política siga siendo ‘palomita’.

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