Justicia: insistencia en el error

El Partido Popular ha presentado de nuevo una propuesta legislativa encaminada a que los 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial que han de integrarlo y que han de seleccionarse «entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica», sean elegidos por los propios miembros de la carrera judicial.

Según los portavoces del propio partido conservador, el acuerdo sobre este particular es el requisito sine qua non para que se preste a la renovación del actual Consejo cuyo mandato ha caducado hace más de cuatro años, retraso que ya ha causado graves daños al prestigio de la judicatura y serios problemas a la propia administración de Justicia, que no puede cumplir con las obligaciones que la constitución le encomienda.

Esta condición es un chantaje indisimulado ya que no tiene apoyatura alguna: no es cierto que la Comisión Europea esté presionando en esta dirección puesto que en todo momento ha mantenido que la renovación del CGPJ ha de tener preferencia sobre dicha reforma, que tampoco se ha precisado salvo en que debería atender a que los jueces contribuyeran más directamente a elegir a sus propios pares en el órgano de gobierno de la judicatura.

Pero hay otro asunto que enfanga aún más, si cabe, la poco decente postura del PP, que a todas luces pretende aprovechar la ventaja que le proporciona la actual mayoría de consejeros de su cuerda -candidatados por los conservadores- en un periodo todavía muy marcado por las corruptelas de la organización política comandada por Feijóo, que perdió el poder en 2019 precisamente a causa de una moción de censura que prosperó por las imputaciones judiciales que recayeron sobre los populares. El asunto en cuestión es la actual composición en España de la corporación judicial, que no solo no ha tenido el pudor de rechazar alineamientos políticos claros tanto a título personal como colectivo, sino que sus asociaciones judiciales mantienen una correlación directa y explícita con los partidos políticos. Los jueces han admitido con naturalidad que uno de los suyos, Enrique López, quien tuvo que dimitir de magistrado del Constitucional por un penoso y reprobable incidente y en la actualidad es consejero de Justicia de la CAM, que «el PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial». Esta evidencia, de más relevancia política que jurídica, hace inaceptable que, después de un pronunciamiento tan explícito y tampoco controvertido, el mencionado, el órgano de gobierno de los jueces sea en la práctica una emanación de la derecha española, cualquiera que sea la coyuntura política, es decir, tanto si el gobierno es ocasionalmente progresista, conservador.

Aunque quizá el constituyente tuviera in mente otros planteamientos, la realidad política muestra que el sistema actual de designación del CGPJ facilita una acomodación tranquila y espontánea del sesgo judicial al sesgo político parlamentario. Tal paralelismo no repugna a la inteligencia sino al contrario: concilia el estado de derecho con la evolución de la opinión pública y de las tendencias predominantes por las que discurre la soberanía nacional. Así las cosas, el modelo vigente de formación del Consejo es uno de los menos malos que podrían proponerse: las asociaciones judiciales eligen a sus candidatos, que también pueden apoyarse en un número determinado de jueces independientes, y son las cámaras parlamentarias las que realizan la elección final, proporcionalmente a su composición.

Quien se haya tomado la molestia de analizar los sistemas de organización del poder judicial, y la implicación en el sistema de poderes, en las diferentes democracias occidentales, habrá llegado sin duda a la conclusión de que hay una panoplia variada de modelos, que también han ido evolucionando. Los modelos francés e italiano (aquel actualizado en 2008 y este último reformado en 2002) son mixtos, y pueden ofrecernos caminos intermedios, que en todo caso deberían ser explorados en momentos de serenidad y no de intensa reconcentración política como actualmente. En la actualidad, nos estamos aproximando al final de la legislatura con un serio problema estructural instalado en el régimen político por la intolerable resistencia de uno de los dos partidos políticos vertebrales de este país, y haríamos muy mal si dejáramos este portillo abierto al populismo para que los resuelva quien corresponda en la legislatura siguiente.

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