Ese óxido llamado corrupción

Los tres meses que quedan para la celebración de las próximas elecciones municipales y autonómicas en España van a estar marcados por dos acontecimientos inesperados: la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los dos casos de corrupción de diferente índole que afectan a los dos principales partidos políticos: el caso Mediador vinculado al PSOE y el caso Kitchen relacionado con el PP.

Cualquier acontecimiento de cierta magnitud que suceda en periodo preelectoral puede tener, y suele tener, efecto en los alineamientos electorales de los ciudadanos. Las consecuencias, en todo caso, no son siempre las mismas, y, en la mayoría de los casos, son difíciles de medir.

De las posibles secuelas electorales de la moción de censura de Vox hablaremos una vez que esta se haya producido. La moción es uno de los cauces específicos establecidos en nuestra Constitución para exigir responsabilidad política al Ejecutivo. En el caso de España, al ser constructiva, la dimisión del Gobierno (que es la sanción que lleva aparejada esta forma de control del Ejecutivo cuando tiene éxito)    acarrea la inmediata sustitución del presidente censurado por el votado por el Congreso. Formalmente, por tanto, este sería el objetivo de la presentación de esta moción por parte de Vox. Pero sabiendo de antemano que su candidato no cuenta con los apoyos necesarios para sustituir a Sánchez, está por ver cuáles son los objetivos informales tras esta acción.

Nos centramos hoy, entonces, en los casos de corrupción. ¿Cómo pueden afectar al comportamiento electoral de los españoles de cara a las elecciones más inmediatas de mayo? Hace ahora 19 años los profesores Jiménez y Caínzos publicaron el artículo académico La repercusión electoral de los escándalos políticos. Alcance y condiciones en el que, por un lado, evidenciaban la magnitud de los efectos de los escándalos sobre el voto y, por otro, identificaban los factores que condicionan el impacto de un escándalo sobre el comportamiento electoral de los ciudadanos. En este sentido, señalaban que para que un escándalo tenga efecto sobre el voto, hace falta que se cumplan al menos seis condiciones.

La primera es el conocimiento: que los electores tengan información sobre el escándalo. En estos momentos, tanto el caso Mediador como el Kitchen están presentes en todos los medios de comunicación, pero también sabemos que las agendas mediáticas cambian rápido. Cuando lleguen las elecciones las noticias pueden ser otras y de otra índole. Además, como ha analizado Víctor Lapuente, en el caso de España los electores suelen dar por descontada este tipo de informaciones que trasladan los medios porque son percibidos como partidistas, es decir, que solo informan de aquellos casos de corrupción que afectan a políticos que no guardan afinidad con la línea ideológica.

La segunda, la evaluación negativa, esto es, que el conocimiento de estos escándalos produzca un rechazo en los ciudadanos. Los electores tienden a diferenciar en función del tipo de corrupción: los casos vinculados a cuestiones económicas generan mayor rechazo que los de otro tipo.

La tercera, la atribución de responsabilidades: si el elector responsabiliza directa o indirectamente por el caso de corrupción a alguno de los partidos o candidatos que compitan en la elección.

En cuarto lugar se sitúa la relevancia: qué lugar ocupa la corrupción en la jerarquía de las preocupaciones de los ciudadanos. Según el último Barómetro del CIS, apenas un 4% de los españoles menciona de manera espontánea «la corrupción y el fraude» como uno de los principales problemas de nuestro país. Y cuando se les pregunta directamente por la corrupción, ese porcentaje asciende al 17% según el último estudio de Ipsos.

En quinta posición sitúan la visualización de una alternativa: el elector tiene que estar dispuesto a votar por un partido o candidato de la oposición o al menos, no ha de tener gran temor ante la perspectiva de una victoria de otro partido o candidato.

Y en último lugar, el comportamiento del votante ante la urna tiene que ser coherente con las cinco condiciones previas. Añadiría una más: la celeridad con la que los partidos políticos actúan para investigar y depurar responsabilidades internas. Estaremos atentos. 

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