Las fértiles tierras ucranianas, objeto de codicia

Escuchamos continuamente que lo que en Ucrania se defiende es la democracia frente al despotismo ruso, pero no deberían escapar a nuestra atención los fuertes intereses económicos allí en juego.

Ucrania tiene algunas de las tierras agrícolas más fértiles del mundo, que son por tanto objeto de codicia de los oligarcas, los fondos de inversión y la agroindustria.

Desde la privatización de las tierras propiedad del Estado tras el colapso de la Unión Soviética, esa enorme riqueza no ha estado prácticamente nunca en manos de los propios campesinos.

En julio del año pasado entró allí en vigor una ley que crea un mercado de las tierras agrícolas y que el Banco Mundial justificó por la necesidad de atraer las inversiones extranjeras que «permitan realizar plenamente el potencial económico», pero a la que, según una encuesta del pasado abril, se oponía un 64 por ciento de los ucranianos.

Como señala en un reciente estudio el Oakland Institute (1), la ley es parte de la agenda liberalizadora que promueve el Gobierno del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

La Rada (Parlamento ) la aprobó después de que el Fondo Monetario Internacional lo pusiera como condición para que Kiev recibiera un crédito de 5.000 millones de dólares.

Según el informe del citado instituto, en los años noventa del siglo pasado, con el apoyo también del FMI y bajo su dirección, Ucrania privatizó ya buena parte de sus tierras y distribuyó certificados de propiedad entre los agricultores.

Sin embargo, en medio del colapso económico del país, muchos revendieron esos certificados, lo que resultó en un proceso de concentración de tierras en manos de una nueva clase de oligarcas.

El Gobierno intentó frenar ese proceso estableciendo en 2001 una moratoria que iba a ser en principio temporal, pero que se prolongó por la imposibilidad de aprobar reformas que permitieran una distribución más equitativa de las tierras.

La moratoria impedía comprar más tierras, pero no arrendarlas, y muchos pequeños propietarios las arrendaron a corporaciones extranjeras. Algo que también hizo el Estado con las que seguían siendo suyas.

Los cálculos sobre la superficie arrendada a empresas nacionales y extranjeras oscilan entre los 3,4 y los 6 millones de hectáreas.

El mayor terrateniente es actualmente Kernel, propiedad de un ciudadano ucraniano aunque registrada en Luxemburgo, seguido de la también ucraniana UKRLandfarming, con más de medio millón de hectáreas cada uno.

Pero figuran también en la lista, entre otras, la empresa de capitales privados estadounidense NCH Capital, un fondo de inversiones saudí y la francesa AgroGeneration.

El Banco Mundial calcula que el fin de la moratoria incrementará en un uno o un dos por ciento el PIB ucraniano por la salida de ese mercado de los productores «con poco valor añadido», pero sus críticos contestan que dejará las tierras agrícolas en manos de los grandes holdings.

Mientras que los pequeños agricultores no podrán comprar más tierras por su elevado precio en el mercado y sus propias dificultades económicas, los bancos, los fondos de inversión y las grandes corporaciones se beneficiarán del derecho preferente de compra que les otorga la ley.

Muchos temen que intereses financieros extranjeros logren hacerse con la propiedad de muchas de esas tierras utilizando a modo de testaferros a empresas ucranianas y explotando un sistema regulatorio y judicial impotente.

(1) El Oakland Institute es un laboratorio de ideas de carácter progresista fundado en 2004 por la

india Anuradha Mittal en la localidad homónima californiana

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