Tribuna

Una amnistía envuelta en celofán

Diada de Cataluña 2023: la marcha independentista por las calles de Barcelona.

Diada de Cataluña 2023: la marcha independentista por las calles de Barcelona. / Ferran Nadeu

Luis Sánchez Merlo

Luis Sánchez Merlo

La desazón causada por el acuerdo alcanzado para «procurar la gobernabilidad durante la legislatura», tiene tres piezas bien diferenciadas: las cuatro páginas que sirven como frontispicio a la Ley de la Amnistía; el Preámbulo y el Articulado. Ahí se compendia envoltorio y contenido.

El documento del acuerdo, puramente declarativo, oficializa el relato victimista, no compromete al Gobierno o al Estado, da notoriedad al «lawfare» –judicialización de la política– y anticipa las comisiones de investigación que han soliviantado al ecosistema jurídico.

Con la política sobrevolándolo todo, emerge una cuestión previa ¿qué clase de arreglo es acordar que no están de acuerdo pero que van a negociar y cualquier resultado es posible?

El pacto va en detrimento de la igualdad de los españoles, establecida por la Constitución; afirma la internacionalización del conflicto, la partición de la soberanía y la «singularidad fiscal»; y reconoce al Parlamento catalán como único representante de los ciudadanos de la comunidad autónoma.

El Preámbulo de la ley es una pieza, minuciosa y esmerada, que podría servir como texto de una futura sentencia que determine la constitucionalidad de la norma. Su designio es sustancialmente justificativo y acompaña el articulado con un objetivo bienquisto: que la ley sea inapelable, como ya se han encargado de presagiar los guardianes del pacto.

El Articulado, defensivo y aseado por la espada de Damocles de la constitucionalidad, consagra la anulación de la «responsabilidad penal, administrativa y contable» de más de 300 independentistas y 73 policías encausados, para encaminar «la plena normalidad política, institucional y social».

Está claro que había prisa por firmar y después «ya se verá», esa socorrida cantinela tan nuestra. Probablemente, lo que se ha acordado y no se ha firmado, dejando la puerta abierta a negociarlo más adelante, es más importante que lo que se firmó, pero eso lo iremos viendo durante la legislatura.

Tras una larga caminata –desde marzo en que se empezó a negociar con un prófugo de la justicia– y un sinuoso trámite, se ha cumplido con la exigencia previa –cerciorar los siete votos– y todo está listo para una urgente tramitación parlamentaria, con los órganos consultivos del Estado silentes.

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De la literalidad del pacto destaca la función de las comisiones de investigación parlamentarias, cuyas conclusiones se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía, en la medida que «pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto ‘lawfare’ —uso abusivo de la justicia para perjudicar o desactivar a un oponente- con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».

¿Esto equivaldría a decir que se comprometen a cambiar leyes para deshacer decisiones judiciales?

La Constitución Española de 1978 –por primera vez en nuestra historia legislativa– recoge estas comisiones para realizar encuestas o estudios «sobre cualquier asunto de interés público», y las regula para proclamar la obligatoriedad de comparecer. El Código Penal define como reos de un delito de desobediencia a quien rehuya acudir y prevé pena de prisión o multa de faltar a la verdad en su testimonio.

Pueden ser nombradas por el Congreso o por el Senado o, en su caso, por ambos conjuntamente, para abordar «cualquier asunto de interés público», sin que sus conclusiones resulten vinculantes para los tribunales ni afecten a las resoluciones judiciales.

Tan sólo se ha constituido una conjunta Congreso-Senado, en 1982, sobre los hechos derivados del proceso tóxico debido al consumo de aceite adulterado (colza) y objeto de comercialización clandestina.

Cualquier ciudadano puede ser citado ante una Comisión de investigación parlamentaria para que aporte información sobre la materia objeto de la pesquisa que desarrolle.

No hay obligación de declarar, solo de comparecer. A las mesas de las Cámaras les tocará velar por que queden salvaguardados el respeto a la intimidad y el honor de las personas, el secreto profesional, la cláusula de conciencia y los demás derechos constitucionales.

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Como telón de fondo sobre el que se proyecta el acuerdo, se asume el relato soberanista de los hechos del 2017, se reconoce por escrito el conflicto y se acepta una supuesta guerra jurídica, tensor que acalambró a las asociaciones de jueces y fiscales y al CGPJ, al interpretar que el Parlamento iba a fiscalizar la actuación de los tribunales, con el corolario de que la mayoría del Congreso pueda decir a jueces y fiscales que han prevaricado.

A lo que estos responden que las decisiones del poder judicial no tienen que ser aprobadas o suspendidas por el Parlamento. A eso se le llama separación de poderes. La judicatura no se debe a nadie más que al poder judicial que le garantiza la Constitución.

A cambio de su apoyo esencial a la investidura, la asunción del controvertido «lawfare» se ha convertido en una visible preocupación para el principal partido del Gobierno.

El ministro plenipotenciario se vio impelido a aclarar que «el Parlamento no fiscalizará a los jueces ni revisará en ningún caso sentencias o resoluciones judiciales, eso no es lo pactado ni se podría haber pactado».

Asimismo, incidió en que no se crearán nuevas comisiones de investigación, salvo las ya acordadas con los separatistas –casos Kitchen y Pegasus– a cambio de su apoyo al nombramiento de la presidenta del Congreso y a una Mesa del Parlamento con mayoría progresista.

Pero el «lawfare» ya ha hecho acto de presencia en el parlamento español, en forma de tres comisiones parlamentarias de investigación «para depurar responsabilidades». Su cometido es fiscalizar la actuación de jueces y fiscales, a los que se sitúa al borde de la sospecha de prevaricación, por una pretendida injusta persecución de la insurrección mambí contra la Constitución.

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Por siete votos, para poder perpetrarse en el poder, el separatismo consigue sus objetivos sin renunciar a ninguno. Lo inverosímil es ofrecer una amnistía, cuando los beneficiarios ni se arrepienten públicamente de sus actos ni se comprometen a no reincidir. Se aceptan sus exigencias políticas, incluido un verificador internacional para cotejar lo pactado. Una negociación de igual a igual, como Estados independientes.

Envuelto en celofán, no es un acuerdo por la amnistía, más bien es un despropósito que no beneficia a los ciudadanos de este país. Eso sí, se podría abrir la puerta a la persecución política a jueces que dicten sentencias «que no gusten». Cuando lo único que se puede revisar –mediante recursos jurisdiccionales– son las resoluciones de los tribunales «sin que quepa supervisión alguna por ningún otro poder del Estado».

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