Barco a Venus

La denuncia de una antigua violinista del grupo de teatro musical que dirige el ex miembro del grupo Mecano, Nacho Cano, presentada ante la Policía Nacional y cuyo contenido no ha sido hecho público al menos de momento, ha estallado en pleno verano dando tema de qué hablar a las tertulias televisivas durante las próximas semanas. Lo primero que hay que dejar bien claro, por tanto, es que la investigación policial a Nacho Cano comenzó gracias a esta denuncia de una de las trabajadores-becarios que Nacho Cano tiene trabajando en su show, cuyo número exacto se desconoce así como también las condiciones laborales en que se encontraban. Este grupo de chicos y chicas entraron en España con un permiso de turista de 90 días que una vez caducado intentaron convertir en permiso de residencia por motivos laborales sin que se diese ninguno de los requisitos que la ley exige para ello a los ciudadanos extranjeros. A partir de esta denuncia Nacho Cano fue citado en una comisaría de la Policía Nacional y estuvo detenido durante un par de horas. A pesar de lo dicho por Nacho Cano en rueda de prensa el motivo de su detención fue por un trámite habitual ante la posible comisión de un delito contra los derechos de la población inmigrante y otro de explotación laboral.

Con ello el cantante tuvo el beneficio de estar protegido y asistido por todas las garantías que el Derecho otorga a cualquier persona que es detenida, como son la asistencia letrada o poder guardar silencio ante las preguntas policiales. Además, la policía tiene la obligación de comunicar al juzgado competente de la detención y los pormenores de toda investigación inicial que pasa a ser judicial. Por tanto, no existen las actuaciones policiales con detenidos al margen de la Justicia. Y más aún cuando, como en este caso, el proceso se inicia a partir de una denuncia a la que Nacho Cano no ha querido hacer mención alguna.

El grupo de bailarines mejicanos que estaban trabajando en la compañía de Nacho Cano simulando un contrato de formación como becarios que nunca existió por cuanto entraron en España como turistas, cobraban una cantidad mensual en dinero negro y su vínculo laboral, que no estaba reconocido bajo el amparo de ninguna figura jurídica, estaba escondida bajo el conocido lema de abuso empresarial «no te pago como te corresponde porque te estoy formando». Así que cuando una extrabajadora, si se la puede llamar así, de la compañía de Nacho Cano denunció su situación ante la policía saltaron todas las alarmas que ponen en marcha la maquinaria judicial con independencia de quien sea la persona investigada. Hay que recordar que Nacho Cano conocía perfectamente la situación irregular de estos diez o quince bailarines por cuanto estaba pendiente su expulsión de España al haber infringido la legislación de entrada en la Unión Europea. Como también sabía que no se había celebrado ningún contrato laboral entre su compañía y estos bailarines mejicanos. Así que la policía hizo su trabajo y se interesó por la situación de estas personas preguntando al efecto sobre aspectos variados como se hace siempre que se tiene noticia de una posible explotación laboral. Podría entenderse que toda esta situación se hubiese producido por dejadez, por desconocimiento de la legislación vigente o por un deseo de enseñar y de formar a jóvenes artistas. Pero en ningún caso puede suponer un reiterado incumplimiento de la legislación. Sobre todo, como dije antes, si los bailarines que han denunciado presiones de la policía española, ya habían sido notificados sobre su situación irregular y la obligación de que abandonaran España.Nacho Cano, en vez de asumir su parte de culpa y hacerse responsable de la situación irregular de estos jóvenes, organizó una rueda de prensa en la que se dedicó a despotricar contra la policía asegurando que su detención había sido producto de una conspiración del Gobierno dada su amistad con Isabel Díaz Ayuso.

Durante un par de horas afirmó ante los medios que en España existe una dictadura chavista comunista que persigue a los ciudadanos de bien, entre los que se incluye a él mismo por supuesto, que quieren ejercer su libertad. Y ahí está la explicación que la derecha madrileña siempre da a los casos en que incumple la ley y son cazados por la Justicia: ser perseguidos por la izquierda radical cuando ostenta el poder es el precio por ejercitar la libertad, que traducido viene a decir que cuando no me dejan hacer lo que me da la gana es porque me persiguen por mis amistades o mis ideas ya que eso de que la ley es igual para todos está muy bien excepto cuando al que se tiene que aplicar esa ley es a mí. Lo extraño es que en Madrid ningún cargo público popular haya dicho nada al respecto y que la propia ciudadanía madrileña no se haya revuelto contra lo que es un simple de caso de caradurismo propio de un jeta .

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