Opinión | Tribuna
Incoherencia institucional

Toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña / ANDREU DALMAU
Salvador Illa tiende la mano a todos menos a la extrema derecha española y catalana, aunque los expertos digan que la definición no es exacta. No podemos hablar de los anticonstitucionalistas pues casi lo son todos y menos los partidos indepes que se ajustan en el posibilismo. Los autoproclamados constitucionalistas se pasan por el forro la misma Constitución. «Una humillación insoportable», dice el señor Feijóo, pero de qué habla señor. Entra en la lógica que cuando vuelves a casa todo sea mínimamente normal y no demasiado hostil, por eso Illa pide la aplicación de la ley de Amnistía, para volver a la normalidad democrática. El espectáculo lo da el españolismo rancio de toda la vida. No puedo opinar en cuestión de leyes, pero les aseguro que el arco parlamentario está repleto de políticos de todo color que cuando gobiernan, o han gobernado, no han trabajado para cumplir la carta magna un solo día.
En el artículo 1 de la Constitución ya se la saltan: «Propugna como valores superiores…la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». Ese pluralismo no consiste en llenarlo del contenido que convenga a unos cuantos. Si pasamos al artículo segundo, aparte de la unidad también reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades… no las que usted interprete escuchando a la caverna en un subidón de cafeína. Y si entramos en lo que afecta a «la solidaridad entre todas ellas» creo que la aplicación del artículo 155 al gobierno de la señora Ayuso va a llegar demasiado tarde.
Ya en el punto tercero del artículo 3 pueden ustedes flipar para ver quién es más anticonstitucionalista: «La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Parece que el único que conoce este punto y lo aplica es el poeta y director del Instituto Cervantes, el sr. Luís García Montero. Vamos, que no hemos avanzado al cuarto y la cosa ya hace aguas. Cuando Illa pone línea roja hay que recordar a don M. Azaña, que no era precisamente un revolucionario, que pasando la frontera, entrado en el exilio, respondió a un periodista francés que le preguntaba qué es lo que había fallado: «Dimos libertad a los liberticidas». Hoy nos encontramos en una situación algo parecida. Todas las rasgaduras de vestiduras, insultos y otras rabias son realmente materia patriotera hasta el punto que triunfas en deporte y ya reivindicas Gibraltar. Realmente los ánimos van in crescendo siempre alimentados por minorías radicales que controlan el ambiente y nos siguen marcando a todos la agenda con los graves retos que acechan.
El nuevo president reconoce que gobernará en minoría y la segunda fuerza en el Parlament se reafirma en sus postulados que están reconocidos en la misma Constitución y no se pueden presumir afectados de ella en un solo artículo de la misma. Por lo tanto el único bochorno, a parte del atmosférico, es el democrático y de derecho al que tanto se acude.
En el artículo 9: «Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». Simplemente en el punto del derecho a la vivienda ya debería dimitir más de la mitad de la clase política de este país, para que encima tengamos que vivir con las monsergas patrioteras. Ni cabe ya comentar las alusiones a los derechos individuales que se pisotean, día sí y día también, por tendencia sexual o política, alentados por representantes públicos que en teoría han jurado la misma.
Cuando usted me lea habrán pasado más cosas seguramente pero en una monarquía cocotera como esta les aseguro que no estará quedando, para nada, desfasado. Recuerdo las fotos de los Reyes Eméritos en Llofriu junto a la botella de whisky en la camilla de Josep Pla, con el escritor ampurdanés en buena y cordial tertulia. Contemplando el panorama actual parece que no hemos mejorado demasiado. Claro que Suárez, Tarradellas… son nombres que muchos jóvenes ya ni han oído en clase, luego hablar de polvos y lodos nos mete en una ciénaga donde ya hay algo más.
Artículo 18: «Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen» y realmente la vergüenza mediática de este país no tiene ni ha tenido límite con muchísima gente que se dedica a la política. Sin ir más lejos el president Puigdemont no pudo atender a sus padres en la recta final de su vida, ha sido calumniado vilmente, incluso, y en parte, por los suyos que se atreven a llamarlo traidor. Un político que evitó complicaciones mayores, con quien no comparto ideología pero sí cultura democrática. Un personaje educado, culto y pacífico al que saltándose los derechos constitucionales se ha intentado ensuciar el nombre y al que los libros de Historia pondrán en el lugar que corresponde.
Con la cantidad de frentes, retos y problemas, ¿están seguras señoras y señores que el sr. Carles Puigdemont es el problema? Quizás va a terminar siendo la solución por su torpe análisis y su demagogia sin límites. Antes que exigir a las personas inmigrantes conocimientos de españolidad debería ser obligatorio que los señores diputados tuvieran como requisito recitar la Carta Magna sin chuletas y de memoria. Iba a quedar el hemiciclo vacío. Dejando el territorial y solamente en el campo del llamado «derecho a la vivienda» que recoge el texto de 1978, o reforma constitucional, o ya pueden empezar a sancionar gobiernos y desgobiernos locales. A estas alturas si no es con represión ciertas milongas no tienen futuro. «Ja no ens alimenten molles…»
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